Los sistemas alimentarios sostenibles y las dietas saludables tienen la capacidad de responder a los requerimientos nutricionales de las poblaciones que las consumen, sin comprometer a las futuras generaciones. Esto solo es posible a través del uso eficiente y responsable de los recursos naturales, apoyo y trato justo de los trabajadores agrícolas, reutilización de los desechos, apoyo a la producción de alimentos de calidad nutricional, y la oferta y disponibilidad de los mismos principalmente en mercados locales.
El rol de la agricultura familiar promoviendo sistemas alimentarios y dietas saludables y sostenibles es fundamental, ya que pueden producir alimentos naturales utilizando menos insumos, mejorar la oferta de alimentos agroecológicos de carácter local y de temporada, y operar en circuitos cortos de comercialización, lo que reduce costos de transacción y aumenta las ganancias de los productores.
Tales conceptos están respaldados por la consulta de alto nivel sobre Hambre, Seguridad Alimentaria y Nutrición en Madrid en el 2013. Allí se concluyó que el alcance de la seguridad alimentaria y la optimización de la nutrición son críticas en la nueva agenda de desarrollo universal post-2015. Además, se ha destacado que existe un estrecho vínculo entre la situación nutricional de una población y su posibilidad de crecimiento económico y social de modo que “los beneficios generados por las intervenciones en nutrición se encuentren entre los más elevados de las 17 posibles intervenciones en desarrollo” (Banco Mundial; 2006).
En ese sentido, los gobiernos necesitan fortalecer las políticas intersectoriales, con especial atención en: (a) favorecer los sistemas alimentarios con políticas que privilegien la producción de alimentos saludables, (subsidios a la producción de alimentos saludables) de forma que sean más accesibles a la población; (b) apoyar la agricultura familiar en la producción sostenible de alimentos saludables y seguros para el consumo humano; (c) promover y proteger los sistemas de producción y las dietas tradicionales sostenibles, así como asegurar la inocuidad alimentaria, la ambiental y la protección de los recursos naturales y de la biodiversidad; y (d) ejercer la regulación gubernamental para proteger a los consumidores de prácticas comerciales fraudulentas, información errónea sobre beneficios a la salud y producción y comercialización de productos ultra-procesados sin o con insignificante valor nutricional incluyendo impuestos a los mismos. Estas recomendaciones son consistentes con el desarrollo del contenido y obligaciones estatales específicas en materia de derecho humano a la alimentación adecuada.

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