Uno de los aspectos que limita el proceso de Reforma del Estado en el Perú lo constituye la corrupción, la falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.
Desde el año 2002, está vigente en el Perú la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, sin embargo es muy poco lo avanzado, los cambios son mínimos, debido a que los organismos rectores de los sistemas administrativos han avanzado poco en proponer políticas e instrumentos modernos, que mejoren o reemplacen muchos sistemas que están vigentes por más de 20 años en su concepción original, que la eficiencia en la administración por la burocracia también existente.
Rabotnikof,( 2005) citado por Duque (2013) en torno a los debates acerca de la gestión pública señala:
En las dos últimas décadas uno de los asuntos centrales ha sido la invocación de la necesidad de la protección del patrimonio público a través del control, la veeduría, el seguimiento y la rendición de cuentas por parte de los gobernantes y funcionarios públicos. El argumento central es que lo público, en tanto esfera concerniente a todos, lo que es colectivo, es también –o debe ser- visible, transparente, susceptible de conocerse por todos y a lo cual pueden acceder todos. ( p. 228).
Continua Duque ( 2013) afirmando que:
Parecería innegable y claro que lo público debe ser transparente y conocido por todos, y que, por tanto, quienes ocupan cargos en la estructura del Estado –tanto los elegidos como los que son designados- deberían rendir cuenta de sus acciones y permitir que estas sean conocidas, evaluadas y valoradas por los ciudadanos. No obstante, no siempre es así. La relación entre rendición de cuentas y gestión pública no es unívoca ni tan clara como indicaría la propia definición de lo público. Al respecto se pueden diferenciar dos extremos: por una parte la gestión pública que se adelanta en ausencia total de controles institucionales y sociales, aislada de la sociedad y que no se somete a escrutinio, vigilancia ni control social, ni rinde cuentas de sus acciones a otras esferas del poder público y se rige por reglas en parte informales. Por otra parte, la gestión pública que se ve compelida por las autoridades a establecer mecanismos de rendición de cuentas legalmente regulados y debe someterse al control formal institucional, pero sin que exista ninguna intervención de la sociedad en este control. Una tercera posición plantea como requerimiento central de la gestión pública dos procesos de rendición de cuentas, de accountability: una de índole interinstitucional, que se lleva a cabo por otras instancias y esferas de la estructura del Estado en un nivel horizontal, y otra de tipo social, ejercida a través de mecanismos institucionalizados como exigencia de las organizaciones de la sociedad civil. ( p. 229).
Desde esta perspectiva urge para el caso peruano investigar desde el propio espacio de los actores o gestores públicos la significancia de la falta de transparencia en el manejo de aspectos relacionados con la política fiscal o público a fin de tener un mayor acercamiento a los gestores públicos, para su percepción y la de los ciudadanos del sentido y la significación que le dan a la corrupción, a la falta de transparencia de la cosa pública. Pero además de comprender, interpretar y explicar la realidad también se pretende transformarla. Hace falta contar con fundamentos humanistas para entender la realidad, para enfrentar la falta de valores éticos en el manejo de lo público y para que la ciudadanía sepa exigir y demandar su derecho de vigilancia.
La investigación cualitativa permitirá también describir e interpretar en entorno en el cual se produce la corrupción, las percepciones como ya se había señalado, las experiencias, creencias de los informantes clave, la comprensión e inferencias desde la subjetividad de los sujetos o gestores, compartir significados en torno a la corrupción, profundizar aquellos aspectos transversales que configuran el espectro holístico del problema.

Miguel Angel Valdivia Pinto. Dr.