LA PAZ MUCHO MAS QUE EL FINAL DE LA GUERRA.
LIZANDRO CABRERA

RESUMEN

EL ENSAYO REALIZA UN ANÁLISIS DE LA FUTURA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ EN LA HABANA CON EL GRUPO INSURGENTE DE LAS FACR-EP, DE MANERA ESCÉPTICA, UN POCO CRUDA SI SE QUIERE BUSCA QUE SE TENGAN EN CUENTA LAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES PARA QUE NO SE REPITAN LOS RESULTADOS AQUÍ.
LA TESIS CENTRAL DEL MISMO ES QUE LA PAZ ES MAS QUE UNA FIRMA, QUE ES U8N CONJUNTO INTEGRAL DE ACCIONES A LARGO PLAZO Y NO CON EL CALOR Y LA PRESIÓN DEL MOMENTO.
PALABRAS CLAVE. PALABRAS CLAVE: ESTADO SOCIAL DE DERECHO, CONFLICTO, POSTCONFLCITO, DERECHOS HUMANOS, VICTIMAS, JUSTICIA.

INTRODUCCIÓN
EL POSCONFLICTO DESDE UNA MIRADA ESCÉPTICA

La paz es mucho más que el final de la guerra. Colombia es un territorio lleno de gente buena, llena de ilusiones, de sueños y anhelos que hoy se despiertan cada mañana queriendo escuchar la noticia de que en este intento de solución negociada al conflicto se firme el documento tan esperado. Hojas de papel que de seguro no conocerán en su totalidad, ni entenderán que significan los acuerdos, los perdones, los nuevos actores políticos, porque los guerrilleros no irán a las cárceles, porque el perdón es tan amplio, porque la justicia es extraña y no tan justa; sin embargo pensaran que sus nietos tendrán un futuro mejor y un sentimiento del deber cumplido los acompañara hasta el sepulcro. Eso sí, en soledad para no inquietar aún más la realidad de cada compatriota se harán profundas preguntas sobre la capacidad del Estado para albergar cerca de 30.000 excombatientes, para generar empleo, para garantizar un fin del fuego duradero y que no pase aquí lo de Centro américa o lo que sucedió con los Paramilitares, es decir que evolucionen en organizaciones delincuenciales peores, como bacrim, pandillas, maras, bandas de crimen organizado.

Colombia quedara con un cáncer después de firmar la paz con los guerrilleros de las Farc, ya no habrá guerrilla, pero si se fortalecerá las bandas criminales que se han convertido en unas mafias integradas por paramilitares, guerrilleros, políticos, contratistas, industrias ilegales, narcotráfico, la madera y minería ilegal, y el contrabando. La delincuencia común se sumara a los actores de la desigualdad social. Estas maquinarias (mafias), eligen al congreso y crean una asfixia al sistema político. En pocas palabras, cuando la guerrilla de las Farc se desmovilicen le quedara a Colombia un problema social.
Las Fuerzas Armadas y la Policía, llevan aproximadamente 60 años combatiendo el anticomunismo, defendiendo la soberanía nacional, y será muy difícil redimensionar la Fuerza Pública para que combatan no a la guerrilla, si no a las bandas criminales emergentes que existen y nacerán a partir de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y los milicianos de las Farc. Los altos mandos de las estas hablan de un papel en las fronteras y el tema cívico. El ejército armado fue creado para combatir la violencia, a los rebeldes que están en contra de la normatividad y quieren atacar la soberanía nacional, Estos ejercen su poder desde la selva como dentro de las ciudades, municipios, corregimientos y/o veredas, convirtiéndose en guerrilla civil. La Policía Nacional fue creada para defender a la población civil, para brindarles una mayor seguridad y atacar a la delincuencia social. Son dos entes totalmente diferentes, y será muy complicado reorientar y cambiar el pensamiento de cada uno de nuestros servidores. Por lo anterior, se deduce que el desafío central del posconflicto, será el desmonte de las mafias regionales y la recaudación de las fuerzas armadas y de la policía nacional.
La tierra ha sido objeto de múltiples ambiciones y el centro histórico de disputas. El tema es muy importante en el proceso de paz, debido a que estos beligerantes para poder formar sus campamentos desplazaban forzosamente a los campesinos, apropiándose de las tierras. Fue a partir de ese momento que el norte de las Farc cambio, ya no solo atacaban a los grandes políticos sino también a las personas más vulnerados como lo es nuestros campesinos.
Las fuerzas armadas revolucionarias, son personas campesinas que a partir de “La Violencia” generada por los integrantes de los partidos políticos EL CONSERVADOR y LOS LIBERALES, desencadenaron una serie de violencia en nuestro país por querer al cansar el poder político y vulnerando los derechos inherentes a los campesinos por esa guerra ilógica, y cansados de tantos ultrajes Alias “Tirofijo” perteneciendo al partido liberal, creo a la guerrilla de las Farc, teniendo como finalidad defender al campesinado y atacar a los políticos por el monopolio y la desigualdad que existía en ese entonces. Los temas que se tratan en la Habana referente a la tierra son: La formalización de títulos, Fondo de tierras, Frontera agraria y zonas de reserva campesina. Existen tres términos que se están usando en el proceso de paz , que son muy parecidos pero diferentes, tales como:
• La titulación: Es aquella legalización del título de propiedad sobre las tierras.
• La restitución: Es cuando los beligerantes me desplazaron forzosamente de las tierras que eran de mi propiedad
• La redistribución: Es redistribuir las tierras a los campesinos que no tenían (baldíos del Estado).

La justicia en el posconflicto, debe empezar por una cuantificación de las víctimas:
• 220.000 muertos entre 1958 y 2012
• 1.344 civiles y 636 combatientes muertos en acciones bélicas
• Cerca de 150.000 asesinatos selectivos
• 1.751 muertos en 1.982 masacres
• 2.119 muertos por minas antipersonal
• 223 muertos en atentados terroristas
• 25.007 víctimas de desaparición forzada
• 6.421 niños, niñas y adolescentes victimas de reclutamiento forzada
• 1.754 víctimas de violencia sexual
• 27.023 víctimas de secuestro
• 10.189 víctimas no fatales de minas antipersonal
• 4.774.046 víctimas de desplazamiento forzado.
La violencia ejercida por los insurgentes de las Farc, dejo de ser una guerra contra la clase alta, para convertirse en una guerra contra los civiles, secuestrando personas de clase alta, media y baja, generando pavor en la sociedad por medio de este delito monstruoso. El grupo se formuló nueve preguntas clave en este tema:
1. ¿Quién responde por la guerra? : Debería ser el Estado quien responda, ya que es el encargado de asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, el conocimiento, la libertad y LA PAZ.
2. ¿Quiénes son las víctimas?: La respuesta es muy compleja, debido a que nos tocaría entrar analizar si los niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados a la fuerza los consideraríamos como víctimas o como victimarios. Las víctimas, son aquellas que han sufrido algún ataque por esta fuerza insurgente y por ello se les considera como tal.
3. ¿Quiénes no son las víctimas?: Otra respuesta compleja, ya que se nos genera otro interrogante, ¿Sera que los niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados a la fuerza no las consideramos como víctimas, sabiendo que fueron reclutados en contra de su voluntad?
4. ¿Quiénes son los victimarios? : Son aquellos insurgentes o agentes del Estado que atentan contra la vida, integridad, libertad, convivencia y la paz del pueblo. Lamentablemente, no solo son los guerrilleros sino también encontramos a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, debido a que por el hecho de contra atacar la guerra que desenfoca los beligerantes, cometen delitos de guerra en contra de la sociedad civil, no con dolo como lo hace las Farc, si no por querer defender la soberanía nacional.
5. ¿Cuánto valen los agravios?: La guerra es el precio más alto que pagamos los colombianos, no solo con la vida, la libertad y la seguridad, sino también con dinero. En el gobierno de Pastrana se exigía un bono para la guerra, era un impuesto que pagaban las víctimas del conflicto armado, ahora la pregunta seria, ¿Hay dinero para las víctimas?, deducimos que si, porque así como hay dinero para invertir en guerra, también lo habrá para reparar a las víctimas. Aunado a esto, los colombianos tenemos un gasto militar del Estado por el 3 o 4% del PIB y asumimos el gasto de la destrucción de la infraestructura cuando a estos insurgentes se les antoja arrojar un petardo.
6. ¿Víctimas de clase A?: Lamentablemente en nuestro país existe una clasificación de víctimas, encontramos victimas de estrato alto, medio y bajo. Debemos ser realistas, nuestro Estado protege más a las víctimas de clase A, que a la demás estratificación, algo incomprensible, debido a que todos somos iguales ante la ley.
7. ¿Con cuál autoridad moral?: Conque autoridad moral el Estado desea dar el perdón y el olvido al momento de firmar el acuerdo de paz con las Farc, NINGUNO, ya que ellos no han sufrido, que es vivir en permanente violencia, como ha ocurrido con nuestros campesinos cuando las Farc y las Fuerzas Armadas se enfrentan, cuando por culpa de Estos infelices muchos de nuestros compatriotas han fallecido en combate.
8. ¿Hasta dónde la verdad?: En el proceso de paz, no existe una comisión de verdad quien garantice si ese proceso, se le han garantizado los derechos a las víctimas, falencia que no ha sido enmendada por el gobierno de Santos.
9. ¿Hasta dónde la justicia?: La justicia que los beligerantes desean que se les aplique una vez firmada la paz, es un marco jurídico adecuado para ellos, donde se estipulen beneficios para los desmovilizados, tal como: La priorización, es decir que sea el Congreso de la Republica quien expida una ley para que los jueces una vez exista un acuerdo, solo persigan a determinadas personas por determinados delitos.

Colombia Habla de la firma del acuerdo de paz con las Farc y posiblemente con el ELN, es decir existirá un desarme de los milicianos.

1. La paz tiene unos costos altos como:
2. Desmovilización, desarme y reinserción
3. Atención a las victimas

La atención a las víctimas exige invertir aproximadamente 60mil millones de pesos, ¿Cuánto costara otorgarles beneficios a los insurgentes? , invertirá el Estado mucho más. Si, si se va a firmar la paz, porque la guerrilla ya se siente debilitada, y porque en los diálogos de paz se les está otorgando muchos beneficios. La paz es buena, pero sería aún mejor si no nos confiáramos de a mucho del arrepentimiento que hará las Farc una vez firmada la Paz; sin embargo, Es mejor firmar la paz, que seguir fortaleciendo la guerra. LA PAZ NO ES EL FINAL DE LA GUERRA

POSCONFLICTO INTERNACIONAL HISTORIA EJEMPLARIZANTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

Muchas de las características del posconflicto son hegemónicas, por cuanto, sin importar el tipo de conflicto vivido en el interior de los estados (político, étnico, racial o religioso), las secuelas que se generan después del desarrollo acuerdos definitivos que permiten el cede a la confrontación armada, son las mismas, esta premisa es la que consolidaremos con el análisis de las problemáticas surgidas a partir de las salidas negociadas en países como Nicaragua, Salvador, Guatemala, Sudáfrica e Irlanda del Norte, guerras que desde el punto de vista de su génesis, nacen y se desarrollan bajo realidades históricas y sociopolíticas diferentes, pero que bajo un estudio sistemático de las consecuencias surgidas a partir del fin de la lucha bélica, se avizoraran las similitudes que caracterizan a cada una , todo esto, en búsqueda de mostrar y dilucidar las experiencias ejemplarizantes y aplicables a la posible salida negociada entre el Estado Colombiano y las farc, teniendo claro que este hecho histórico tendrá resultados colaterales que afectaran todas las estructuras socio-económicas de nuestro país, bajo un inminente contexto de Posconflicto Colombiano.
EXPERIENCIA DEL POSCONFLICTO EN CENTROAMÉRICA, EUROPA Y ÁFRICA, CONTEXTOS EJEMPLARIZANTES PARA NUESTRO PAÍS, QUE NOS PERMITIRÁ AFRONTAR RETOS Y NO CAER EN LOS MISMO ERRORES.

Es importante enmarca cada uno de los conflictos de los países mostrados anteriormente, de la siguiente manera en: Nicaragua se generó un conflicto político y social; en el Salvador un conflicto político y social; Guatemala un conflicto político, social y étnico; Sudáfrica un conflicto étnico racial y en Irlanda del norte un conflicto político y religioso, Bajo este entendido, es imperativo preguntarse qué podríamos aprender de las experiencias de posconflicto vividas o que en la actualidad se desarrollan en sociedades tan diversas, más aún, cuál de estos hechos y antecedentes son aplicables en nuestros país, donde se vislumbra una salida negociada que pondría fin al choque armado entre un estado colombiano y un movimiento alzado en armas como las farc, teniendo como norte un solo interrogante ¿qué futuro le deparara a nuestro país con el fin de la confrontación estado-subversión?

Es claro, que la génesis de cada uno de los conflictos internos afrontados por los diferentes países quedan en el presente estudio en un segundo plano, interesándonos únicamente las consecuencias y problemáticas políticas, sociales, económicas y delincuenciales surgidas a partir de la salida negociada del que por muchos años fue el problema estructural más importante que aquejaba a cada uno de sus sociedades, En este orden de ideas, a continuación se señala los puntos de convergencia posconflicto entre Nicaragua, salvador, Guatemala, Sudáfrica e Irlanda del norte y los que posiblemente se causaran si el gobierno de Colombia firma de forma definitiva un tratado de paz con las Farc, dándole fin a más de 50 años de guerra interna.

NICARAGÜA -POSCONFLICTO CONSECUENCIA DE DOS HECHOS
HISTÓRICOS DISÍMILES.

En Nicaragua inicialmente las guerrillas de izquierdas encabezadas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional-FSNL, se enfrentaron por vía de lucha armada a la dictadura hegemónica que por varias décadas ejerció de la familia Somoza, lo que culmino con el derrocamiento y llegada al poder del sandinismo, consecuencia a ello, se generó el inconformismo de sectores de la sociedad privilegiadas y países que como estados unidos que veía en este grupo subversivo una amenaza para sus intereses, auspiciando el surgimiento de grupos paramilitares contrarrevolucionarios denominados “la contra”, los cuales posteriormente optaron por un proceso de paz y desmovilizado. Cada una de las dos problemáticas descritas anteriormente (Somoza y contras) causaron escenarios de posconflicto, las cuales ahondaremos a continuación: Con la llegada del sandinismo al poder en 1979, se generó varias vertientes de aposición consolidados en grupos armados de derecha contrarrevolucionaria denominados La “contra Nicaragüense. Fuerza paramilitar, compuesta básicamente de antiguos miembros de la Guardia Nacional de Nicaragua, de la derrocada dictadura de Anastasio Somoza Debayle.” Denominada “la Resistencia Nicaragüense, la guerrilla armada que llegó a movilizar a más de 10.000 hombres para luchar contra el régimen sandinista.”

El anti-sandinismo contó con apoyo militar y económico de países como argentina y estados unidos, teniendo como único objetivo, el derrocamiento del estado dominado por el movimiento de izquierda en cabeza de su presidente Daniel Ortega, consecuencia de ello, la mayor parte de los recurso económicos del estado se encaminaron a combatir las sublevaciones y preservar en el poder al FSLN, quienes por su parte recibieron apoyo de países como Cuba y la URSS, desencadenando un conflicto que nuevamente dejo miles de víctimas entre muertos, heridos y refugiados, consecuencia de lo anterior “Los ambiciosos programas de educación y sanidad de los sandinistas no pudieron llevarse a cabo debido a que la mitad del presupuesto fue destinado a la defensa del régimen, y la producción agrícola se vio reducida por los ataques de la contra.” Circunstancia que ocasionó que Nicaragua fuera considerada como la nación más pobre de Centroamérica, Con “la firma de los Acuerdos de Sapoá (el 24 de marzo de 1988) y Tela (el 7 de agosto de 1989) “terminó” la guerra que, durante casi nueve años, sostuvieron los sandinistas y la Contra, así mismo, sorpresivamente en 1990 en la elecciones presidenciales Violeta Chamorro derrota a Daniel ortega candidato del FSLN, la nueva presidenta “firmó los acuerdos de paz con la Contra (19 de abril de 1990),” y “licenció a la inmensa mayoría del Ejército y la Policía sandinista” , Posteriormente y “ante el incumplimiento de las promesas de tierra y crédito, surgieron los "recontras" y los "recompas", que ahogaron en sangre al país de Sandino durante más una década.”

SALVADOR MARAS Y ARMAS-PROBLEMÁTICAS SURGIDAS A PARTIR
DEL POSCONFLICTO.

En el salvador por 12 años “se vivió una guerra civil entre una guerrilla de izquierda, el FMLN –Farabundo Martí para la Liberación Nacional–, y un ejército estatal de derecha ampliamente financiado por los Estados Unidos.” , conflicto que dejó un país devastado, con unas estructuras estatales ineficientes y sórdidas, pobreza creciente y una delincuencia organizada que domina todos sus componentes sociales.

El fin del conflicto en el salvador llego 1992, como consecuencia de los acuerdos de paz de entre la guerrilla de izquierda Farabundo Martí para la Liberación Nacional –FMLN- y el Estado Salvadoreño en cabeza del presidente Alfredo Félix Cristiani Burkard, así mismo, por parte de la ONU, se creó e implemento como mecanismo de paz la denominada comisión de la verdad, quien tuvo como principal objetivo el descubrimiento y confesión de las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la guerra interna, como resultado a estas investigaciones “en marzo de 1993 pública un informe, donde se indica que cerca del 85% de los crímenes son responsabilidades del ejército, de los organismos de seguridad del Estado y de los escuadrones de la muerte. Al día siguiente de presentarse el informe Cristiani convoca a la Asamblea Legislativa para que se promulgue una amnistía total y general; la cual en días posteriores es aprobada por el congreso, lo que evidencia el comienzo de los tropiezos que enfrentará el naciente proceso de paz en el Salvador. De esta amnistía no se benefician los guerrilleros responsables de asesinatos de ciudadanos norteamericanos, constituyéndose en una medida discriminatoria sin sustento legal (Nieto, 1999, pp. 461-462)” .

La principal problema posconflicto a enfrentar por el salvador, y en general por Centroamérica, radica en el elevado incremento de grupos delincuenciales o pandillas denominadas “las maras” o “la mara” entre las que están la denominada Mara Salvatrucha constituida como “una organización transnacional de pandillas que practican secuestros, asesinatos, extorsiones y venta de armas y drogas” , como estadística comparativa delincuencial, se muestra como los homicidios en un elevado índice son perpetrados por las maras, señalando “que alrededor de 6.250 personas murieron anualmente por causa de la guerra, en el período de la posguerra, los homicidios ascendieron de 8.019 en 1996 a 8.281 en 1983, ubicando a El Salvador como el país más violento de América Latina, aun por encima de Colombia.” , problemática que es imputada principalmente a tres factores: “primero, a las dificultades en la reinserción económica de los excombatientes; segundo, al vacío institucional en materia de seguridad pública y de justicia; y, tercero, a la existencia de grandes cantidades de armamento circulante que quedaron en manos de civiles después de finalizado el conflicto.”

Otro de los agentes de violencia y descontento social radica en la inadecuada reinserción a la vida civil y económica de los excombatientes, hecho agudizado por políticas de restitución de tierras ineficaces, que ha ocasionado, entre otras cosas en “demora en la transferencia de tierras y la emisión de títulos de propiedad, componente fundamental de la reinserción rural” a campesinos y desmovilizados, acrecientan los índices de desempleo y pobreza, favoreciendo un clima de insatisfacción social generalizada, caldo de cultivo que propende por una cultura delincuencial, que ocasiona como principal hecho colateral de la guerra, a las desbordadas y voraces maras, que ven en la pobreza, descomposición social, núcleos familiares disfuncionales y la gran cantidad de armamento circundante, la posibilidad de aumentar su poder, capacidad de intimidación y violencia.

En materia de seguridad y justicia, la guerra causo que “amplias zonas del país permanecieron sin tribunales, sin oficinas de la Fiscalía o la Procuraduría de Derechos Humanos, aun bastante tiempo después de lograda la paz” , a esto se aúna la reducción de los cuerpos de seguridad del estado (la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda), que ha originado un ambiente de inseguridad progresivo, producto de un sistema de justicia paquidérmico e insuficiente y poco “eficaz para enfrentar, local y nacionalmente, la ola de violencia y delincuencia postbélica” , Como uno de los hechos positivos, El FMLN, se desarrolló activamente en la vida política desde su desmovilización, consolidándose como el principal partido políticos de oposición de izquierda del salvador, gozando de gran aceptación popular, lo que les aseguro la llegada al poder en las elecciones presidenciales del 2009, dejando como balance que la búsqueda del poder es más eficaz por la vía democrática que por las armas subvertidas.

GUATEMALA- INEFICACIA EN POLÍTICAS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
PROTECCIÓN A PUEBLO INDÍGENAS.

En 1996, el Gobierno de Guatemala y las fuerzas guerrilleras agrupadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) suscribieron un cese al fuego definitivo denominado “Acuerdo de Paz Firme y Duradera” , la URNG, sea consolidado como la principal fuerza partido político de oposición de izquierda de Guatemala, pero hasta el día de hoy, no ha logrado alcanzar el máximo estaño gubernamental, la presidencia del país, de igual forma, se ha visto abocado al fraccionamiento paulatino de sus estructuras, esto, como consecuencia de controversias ideológicas internas, o pugnas por el poder, circunstancia que ha dado lugar, a nuevos movimientos políticos de izquierda como la Unidad Nacional de la Esperanza UNE– “partido de centro izquierda, con una ideología socialdemócrata. Fundado el año 2002” “que aglutino a personas de diversa trayectoria, desde militantes desencantados de la URNG hasta antiguos miembros de las Fuerzas Armadas.” , que obtiene el poder por elección popular en el año 1998.

El contexto de Guatemalteco, es el común denominador de la realidad centroamericano, es así, que pese o ponerse fin a la lucha armada entre el Gobierno y (URNG), no han sido ostensibles los cambios sociopolíticos que permitan, entre otras cosas, la diminución del alto margen de desigualdad existente entre la población y el fortalecimiento de las institucionalidad local y nacional, sumado a esto, compromisos como la protección a los pueblos indígenas y políticas de restructuración agraria has sido ineficaces, secuelas que día a día los ponen al borde de un estado fallido.

Es importante enfatizar que la reinserción de las guerrillas al ámbito político, social y económico no han cambiado significativamente las cosas, Guatemala sigue teniendo niveles de pobreza, desigualdad y subdesarrollo elevados, ocasionando críticas, que señalan, que la paz solo se ajusta “ a la ausencia del enfrentamiento armado y al impulso de algunos cambios que no implicaban remover las causas profundas que llevaron a la sociedad a una situación que dejó más de 200 mil víctimas de la violencia fratricida.” ,de igual forma, las elites, movimientos revolucionarios pacificados y la sociedad misma, han olvidó los compromisos pactados en el “Acuerdo de Paz Firme y Duradera” , desembocando en canceres estructurales que son un espejo de todo en contexto de posconflicto Centroamericano, entre las que están: “1) Violencia, criminalidad e impunidad, 2) Precariedad social y económica, 3) Confrontación política y 4) Conflictividad social. En realidad, no constituyen un fenómeno nuevo, pero algunas de ellas se han recrudecido durante el posconflicto.”

Cabe señalar, que Guatemala también aplico un modelo denominado “la justicia, la verdad y la reparación para los centenares de víctimas del conflicto armado” modelo que ha tenido serios tropiezos y enemigos, entre los que están militares, bloques de poder tradicionales y sectores conservadores de la sociedad, que ven en los informes emitidos por las comisiones de la verdad, una amenaza, que los acerca cada vez más a la posibilidad de ser juzgados por tribunales internacionales o muy lejanamente la justicia ordinario interna, lo que generado el impulsen leyes de amnistías o que se entorpezcan y anquilosen las investigaciones adelantadas por los entes judiciales, todo esto, tratando de evadir su responsabilidad penal y social que sobre ellos recae, permitido que el país centroamericano se vea sumido en un estado letárgico de impunidad absoluta, que goza de la indiferencia de todos sus estructuras nacionales. Temas como el de restitución de tierras para víctimas que fueron despojadas de sus predios producto de la guerra, que fueron pieza clave de las negociaciones de paz no han sido respetados y las políticas de gobierno con relación a titulación y restitución han sido ineficaces, afectando principalmente a comunidades indígenas que ostentan la posesión milenaria real de la tierra y que fueron desarraigados por la violencia, sin dejar a un lado el estallido delincuencial surgidos dentro del posconflicto, premisas que en conjunto causan impunidad.

Es importante dilucidar que, líderes de la farc ha manifestado, su poca voluntad de devolver las tierras a las víctimas que durante más de 50 años fueron despojados, indicando literalmente a la pregunta, “¿van a devolver las tierras que les han despojado a campesinos? Esa es una calumnia muy grande de ese instrumento que se llama la Unidad de Restitución de Tierras, que fue tomada por los paramilitares. Todo el equipo que pusieron al servicio de recoger la información manipulaba al campesino que venía a reclamar su tierra después de un despojo y les insinuaban que si ellos reclamaban tierras en poder de los paramilitares, el proceso se les iba a demorar; en cambio, si hacían aparecer ese despojo como fruto de una agrupación guerrillera, ese proceso se le iba a agilizar. Cómo una fuerza ilegal combatida por todos los órganos de inteligencia puede mantener en la clandestinidad semejante cantidad de tierras. ¿Entonces las Farc no tienen tierras? Contamos con algunas propiedades pequeñas, pero que están al servicio de las necesidades alimenticias o de las necesidades de los frentes guerrilleros.”

SUDÁFRICA JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA- VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS, UNA UTOPÍA

La lucha anti-racial liderado por el emblemático Nelson Mándela en contra un grupo blanco dominante minoritario, que actuaban bajo el emblema del apartheid definido como el “Sistema político y social desarrollado en la República de Sudáfrica y otros estados sudafricanos, basado en la segregación o separación de la población por motivos raciales o étnicos y en el trato discriminatorio hacia la población negra.” , logro derribar el sistema político y social predominante y poner “fin” a paradigmas raciales que propendían por la discriminación étnica sistemática, en 1994, por primera vez Mandela como candidato de la raza negra llega al poder por voto popular, como presidente del parlamento sudafricano y líder del partido político Congreso Nacional Africano o CN, anunció trasformaciones intrínsecas en búsqueda de la eliminación de las brechas raciales y discriminatorias que impedían a la población negra la integración en todos los niveles y aspectos de la sociedad, no obstante, los ideales de Mandela se convirtió en una utopía, pues Sudáfrica sigue siendo unos de los países multirraciales más desiguales y pobres del mundo, esto respecto de la raza negra predominante, dejando la sensación que la revolución liderada por Mandela, solo permitió, que una minoría de negros llegaran a los círculos de poder político, social y económico, pero donde la gran mayoría de su población (multiétnica) sigue siendo segregada y se encuentra sumida en la pobreza absoluta, tema que sin duda alguna toca a nuestro país.

Del contexto posbélico sudafricano, nos es de interés principalmente dos temas; primero el modelo de justicia transicional y restaurativa, basado en tres axiomas: verdad, justicia y reparación de víctimas y segundo la problemática de la minería, apegándonos totalmente a las ideas tenidas por el sociólogo y jurista colombiano César Rodríguez Garavito, quien piensa que “Entender a Sudáfrica hoy es advertir lo que puede salir mal en una transición. Y lo que es preciso hacer desde ahora para evitarlo.”
En primer lugar trataremos lo relacionado con Justicia transicional, definido como “el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales” , y justicia restaurativa “o esquema anti- punitivo de justicia, que busca la reconciliación social a través de mecanismos en los que participan víctimas, ofensores y comunidad y que ponen el acento en la restauración de los daños, el perdón y el restablecimiento del lazo comunitario.” , La estrategia de la justicia transicional y justicia restaurativa, aplicada en Sudáfrica, tenía la siguiente singularidad quien “confesaban sus crímenes a plenitud, a satisfacción de la Comisión de Verdad y Reconciliación (1995-98) eran acreedores a una amnistía total. Quienes, a juicio de la Comisión, no habían realizado una confesión integral y auto-incriminatoria de cualquiera de sus crímenes, no podían ser amnistiados y tenían que responder penalmente por la totalidad de los mismos.” , a esto se le aunaba la reparación integral de la victimas mediante la indemnización económica por los daños sufridos y la restitución de tierras.
El modelo sudafricano es tal vez el más admirado en el mundo, por encontrar e implementar un mecanismo jurídico-Social que propendiera por el perdón y olvido hacia crímenes atroces gestados en el conflicto, esto en búsqueda de la reconciliación nacional entre blancos y negros, presupuesta considerado necesario para la evolución de la sociedad misma, pero todo no es perfecto, este modelo de justicia también se ha visto envuelto en serias críticas, por los altos niveles de impunidad observados, teniendo como ejemplo cuantitativo los resultados entregados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica quien “sólo consideró la situación de 22.000 personas” , olvidando las millones de víctimas dejadas por la violencia racial implementada por el apartheid, contrastado con las casi “7000 amnistías” concedidas a los perpetradores de crímenes raciales, aunado a esto, los programas de reparación de victimas (indemnizaciones y restitución de tierras), han sido deficientes lo que acrecentó aún más el clima de insatisfacción social.
Este tema no es ajeno para Colombia, pues recordemos que el modelo sudafricano fue implementado por nuestro país, en el proceso de desmovilización de grupos paramilitares, con la diferencia que el modelo de justicia transicional de nuestro país establecía penas de entre 5 a 10 años de prisión, para los confesores de delitos, esto, sin ningún tipo de condición, lo que género, que la verdad se diera de manera parcializada, buscando la satisfacción mínima de los órganos judiciales que les permitieran obtener los beneficios de la mencionada ley, conllevando a su fracaso, la mismo aconteció con la reparación de la víctimas y las políticas de restitución de tierras, experiencias que ojala no se repitan con el aparente fin del conflicto con las farc.
Es preciso indicar, que a las problemáticas vividas por el país africano, se le suma la minera, señalando como este nación es catalogado como la de mayor riqueza en diamantes, platino y oro, tesoros que son explotadas únicamente por grandes multinacionales, que se han vista envueltas en denuncias por inequidad salarial y condiciones deplorables de trabajo hacia sus trabajadores, pertenecientes a comunidades negras que viven en la pobreza absoluta, pues las regalías son concentradas como ya se dijo en sectores hegemónicos de la sociedad a los que se suman las nuevas elites negras.
Ya es conocido, nuestro país ha entrado en una bonanza de explotación recursos auríferos(oro), minerales (coltan); piedras de preciosas (esmeraldas) y carbón, situándonos aún más en el panorama de multinacionales mineras como la canadienses Medoro Resources, Gran Colombia Gold, Barrick Gold, y la multinacional sudafricana Anglo Gold Asahanti, todas estas dedicada a la en explotación de oro, entre muchas otras, que solo quieren destruir nuestros recursos naturales sin desmadre, negocios multimillonarios, en los que han puesto sus ojos igualmente grupos subversivos, emergentes y delincuenciales, pues las zonas de explotación son de dominio único de los mismos. Multinacionales, grupos delincuenciales emergentes y sectores sociopolíticos, tres agentes que mi concepto son igualmente nocivos, que si no son contrarrestados, ocasionaran lo acontecido en el país de los sueños de simbólico y magnánimo Nelson Rolihlahla Mandela.
IRLANDA DEL NORTE PAZ SIN DEJACIÓN DE LAS ARMAS - EJEMPLO A SEGUIR POR PARTE DE LA FARC

Irlanda del Norte, un país que nos lleva lustros en desarrollo social, intelectual y económico, bajo la sombra y dominio de Inglaterra, desarrollándose un conflicto interno entre dos fuerzas con características políticas-religiosas, por un lado un sector de la población de mayoría protestante que se considera “Unionista es todo el que defiende que Irlanda del Norte siga siendo una provincia británica.” y un grupo minoritario de religión católica denominados “Republicanos quiere decir que reclaman dejar de ser parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte e incorporarse a la República de Irlanda.” , el cual por muchos años tuvo un brazo armado denominado “El Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés) nació en 1970 y es la principal organización armada católico-republicana en Irlanda del Norte.” que buscaron, indistintamente la reivindicación de sus ideales mediante la implementación de mecanismos de violencia como asesinatos selectivos y acciones terroristas.

La paz entre unionistas-protestantes y republicanos-católicos, se dio mediante el denominado acuerdo “de viernes santo en 1998” , proceso de paz que estableció como prioridad el tema de los presos políticos, dejando en segundo plano la discusiones sobre la dejación y puesta a buen recaudo del arsenal bélico tenido tanto por grupos paramilitares-pro unionistas como por el IRA, lo que significó que a la firma del proceso de negociación que permitía la salida negociada al conflicto no de dispusiera de manea obligatoria la entrega de las armas, como medida necesaria para la consolidación de la paz, es así como “el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 no explicara cómo proceder con un cierto detalle ante el tema del desarme, limitándose a expresar su conveniencia e invitar a las partes a colaborar con la Comisión Internacional Independiente de Desarme (IICD), creada el 26 de agosto de 1997, y con un esquema de trabajo aprobado el 30 de junio de 1998, generó inicialmente muchas desconfianzas entre las dos comunidades enfrentadas.” lo que originó la derivación y prolongación de la violencia por varios años más.

En búsqueda de la solución a este evento el IICD, se vio obligado a adelantar negociaciones en búsqueda de acuerdos que permitieran la entrega total de las armas de ambos bandos, reuniones que se caracterizaban por que “la Comisión trabajaba en secreto y no se hizo ninguna fotografía o grabación de los procesos de entrega y destrucción de armas del IRA, ni se hizo un listado público del armamento entregado” generando serias críticas a este modelo de negociación y paz. Unionistas protestantes y Republicanos católicos, llegaron a acuerdos de paz irregulares, que originaron secuelas posbélicas como: el surgimiento de pequeños reductos paramilitares que en la actualidad realizan acciones de violencia; un acuerdo de paz que no toco a fondo el tema del desarme y la entrega total del material bélico, como objetivos primordiales del fin del conflicto; hechos de violencia en “tiempos de paz” por parte de los actores pacificados; reductos ideológicamente en desacuerdo con la paz y desconfianza de las partes...

El Tema, de las negociaciones de paz y el posconflicto Norirlandés, a considerar como de vital importancia y ejemplarizante para nuestro país, recae sobre el no dejación de las armas por parte grupos paramilitares y del ira, recordando que por parte de líderes de las Farc, este modelo de negociación tiene gran acogida, dilucidado la posibilidad igualmente de un eventual acuerdo desmovilización y reinserción a la vida civil de sus fuerzas, sin entrega de su arsenal militar, así mismo. Al respecto, el cabecilla guerrillero Andrés París, en entrevista realizada por el diario el país, a los siguientes interrogantes responde: “¿Qué modelo de proceso de paz de otro país les gustaría que se diera en Colombia? El proceso de Irlanda porque se establecieron principios y, por ejemplo, ellos las armas no las entregaron. ¿Por eso no utilizan términos como ‘desmovilización’ y ‘dejación de las armas? Nosotros hablamos de que las armas se silencian cuando la voluntad de dispararlas cese y eso ocurrirá en Colombia cuando se cumplan todas estas situaciones que estamos llevando a la mesa de negociación.”

París indicado igualmente que “La guerrilla de las Farc, en un proceso de paz con el gobierno de Colombia, concibe el abandono de las armas como un "largo proceso" que deberá ser rodeado de garantías, dijo este martes a la AFP Andrés París, uno de sus delegados de paz.” "La entrega de las armas no existe como figura ni está en el lenguaje ni en nuestro diccionario. Está explicada en los términos que he mencionado" , "Nadie ha planteado en las Farc, ni se lo hemos dicho al gobierno en ningún momento, que va a haber un solo momento de entrega de armas. Repetimos, nadie va a tener la foto de la entrega de armas de las Farc" , el presidente Juan Manuel Santos ha asegurado que “Nunca he dicho que las Farc le van a entregar las armas al Ejército colombiano, lo que he dicho es que van a dejar las armas, tienen que dejar las armas”, enfatizó el Jefe de Estado, quien precisó que “no es posible que haya un acuerdo sin que ellos se desarmen, eso no tendría sentido”.

LAS INSTITUCIONES COLOMBIANAS Y SU PREPARACIÓN PARA EL POSCONFLCITO

Las transformaciones que tendrá que desarrollar el estado y en especial las fuerzas Militares y de policía serán inevitables, una de las fuerzas armadas más experiencia en la lucha antisubversiva y mayor pie de fuerza de América Latina, deberá cambiar sus objetivos estratégicos, esto como consecuencia de la posible salida negociada al conflicto con su principal enemigo armado las farc.

Los principales mandos del ejército de Colombia ha deja ver su interés en la restructuración y fortalecimiento de sus estructuras y no la reducción de su pie de fuerza, es así, como “El comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez, explicó que las tropas no se retirarán del territorio, que se fortalecerá la Policía Militar para apoyar la seguridad en las ciudades y que el narcotráfico y las bandas criminales serán la mayor amenaza después de firmar la paz con las Farc”. , de igual forma, se propende por una reorganización de batallones, fuertes y cantones militares en búsqueda de “aumentar el número de batallones de Policía Militar y crear una compañía antidisturbios por cada batallón” , cabe señalar que uno de los principales componentes que está siendo fortalecido lo constituye el de ingenieros militares, los cuales, de acuerdo a lo señalado por altos mando militares estarán en “capacidad de construir todas las vías de acceso de los lugares recónditos de nuestro territorio nacional. También trabajamos en tareas de destrucción de artefactos explosivos y medios de paso como la construcción de puentes”

Otra de las consecuencias que se avisoran con miras al fin del conflicto armado es la eliminación del servicio militar obligatorio, al respecto el presidente de Colombia Juan Manuel Santos ha señalado en repetidas ocasiones que "Si logramos la paz, y la vamos lograr este año, inmediatamente voy a eliminar el servicio militar obligatorio", sin olvidar que más que una decisión del ejecutivo esta deberá ser estudiada y aprobada por el congreso de la república, es importante dar a conocer que “Al menos 14 proyectos de ley desde 1998, un referendo y una promesa electoral” han sido inútiles en la búsqueda de eliminar el servicio militar obligatorio, no obstante dicha iniciativa y en consideración a la reinserción de la farc a la vida civil y política será una de las primeras propuestas que serán consolidadas y tomadas en cuenta para su aprobación por el legislativo.

Así mismo, surge la polémica propuesta de que guerrilleros de las farc desmovilizados, tras la firma de los acuerdos de paz, ingresen a las filas del ejército nacional, idea que es defendida por personajes de la vida pública y política como el actual alcalde de Bogotá Gustavo Petro quien señala que los ex insurgentes “Deben ir al Ejército, así sucedió en El Salvador, así lo vivimos y hoy lo aconsejamos. Muchos de ellos no tienen vocación política, ni social, tienen es una vocación militar que hay que orientar” , proponiendo igualmente que “los soldados profesionales, una vez termine el conflicto, se podría conformar una Policía Cívica y continuar siendo remunerados” en férrea oposición a esta propuesta el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez ha señalado que “Mientras Pte Santos deshonra y desmotiva a las Fuerzas Armadas. Su aliado Petro propone que la guerrilla entre al Ejército” En conclusión lo que se observa es la negativa de los altos mandos militares por una reducción de sus fuerzas, desarrollando en la actualidad y hacia futuro propuestas de reorganización y reubicación multisectorial de sus unidades, buscando nuevos objetivos de cubrimientos y apostando por la profesionalización de sus unidades básicas.

Una de las principales consecuencia para la Policía Nacional, será la salida de sus unidades de la confrontación armada directa con las farc, teniendo la oportunidad por primera vez de dedicarse única y exclusivamente a los objetivos que les fueron dados por la constitución de 1991, la seguridad y convivencia ciudadana, sin embargo este supuesto se dará de manera parcial, pues tras la firma de la paz surgirán nuevas problemáticas delincuenciales y se agudizaran las ya existentes como: reductos no desmovilizados, bandas emergentes (BACRIM), narcotráfico y desbordamiento de la delincuencia común y organizada, problemáticas que se desarrollaran en todo el componente geográfico de nuestro país y que la Policía Nacional tendrá que afrontar.

De igual forma, se dilucida la posibilidad de la creación del Ministerio de Seguridad y convivencia ciudadana, donde se incorporará a la policía nacional, iniciativa que goza de amplia aceptación entre la línea de mando, quienes ven asimétrico que siendo por mandato constitucional un Cuerpo armado permanente de naturaleza civil, con el objetivo primordial de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, pertenezca al ministerio de defensa, otra de las posibilidades que se ventila por parte de miembros activos y retirados es la abolición de la prohibición constitucional del derecho al voto a miembros de dicha institución.

La educación, también presentara cambios, por ejemplo se plantea la necesidad de la creación de la Superintendencia Nacional de Educación, que permitirá la vigilancia de la calidad y el funcionamiento de las instituciones de educativas universitarios, de igual forma, La ministra de Educación, María Fernanda Campo, ha proyectado que en 20 años la cobertura llegará al 84 por ciento de la población, entre los que se cuenta de víctimas y victimarios del conflicto armado, teniendo como estrategia el fomento de la formación técnica y tecnológica más que la universitaria, observando las necesidades del sector productivo, vislumbrándose que el fin del conflicto permitirá que el presupuesto proyectado al 2034, pueda ser incrementado unos 38 billones de pesos.
En materia de apoyo económico internacional el estado colombiano ha socializado las propuestas de paz y la necesidad de buscar un soporte monetario para un posible posconflicto, ante países como Estados Unidos, España, en Gran Bretaña, Francia, Portugal, la Unión Europea y Alemania, mostrando la necesidad y objetivo principal de la creación del denominado fondo de financiación del posconflicto, al respecto el presiente Juan Manuel Santo a señalado que "Necesitamos el apoyo político de la comunidad internacional para llegar al final, pero al mismo tiempo, tenemos que desde ya planear bien el posconflicto para que en el momento en que firmemos los acuerdos, la implementación de esos acuerdos no se demore" , asi mismo, el pasado 25 de septiembre de 2014, el primer mandatario de los colombiano intervino ante Asamblea General de la ONU, donde solicito apoyo para la etapa del posconflicto, mostrando como principales retos la “reincorporar a los desmovilizados, garantizar la presencia del Estado en las zonas afectadas por el conflicto, y garantizar la seguridad ciudadana, razón por la cual convocó a la comunidad internacional desde ahora.”
En materia judicial, el tema es más incierto, en torno a esto y en momentos en que se debate la posible reforma a la justicia, donde las altas cortes y el sistema de justicia gozan de baja credibilidad ante los colombianos, donde el sistema judicial se encuentra atiborrado de miles de procesos, donde se presentan continuamente paros y huelgas por parte de empleados la rama judicial que piden condiciones laborales más justas, donde los procesos de descongestión judicial no ha logrado alcanzar los objetivo propuestos, estando aportas de culminar sus labores, y donde los modelos de justicia transicional y las experiencias que en este sentido ha vivido nuestro país con el paramilitarismo que deja pobres resultados, no es irresponsable señalar que en víspera de una salida negociada estado-farc e iniciación de la era de posconflicto, esta es una de las instituciones del estado que más presenta problemas para afrontar dicha realidad.

CONCLUSIONES

1. El posconflicto que surja de la solución negociada al conflicto armado colombiano entre las FARC E.P. y el gobierno colombiano, no es el fin de las violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario. Ya que existen otros actores que pueden cometer o ir en contra de estos derechos.

2. El Estado y la población civil no están preparados para incluir a los excombatientes en las actividades propias de la vida civil, ya que siempre serán tratados como violentos, discriminación que les obligara a reincidir desde otros grupos, crear organizaciones ilegales nuevas o generar problemas de convivencia en las grandes urbes.

3. En la actualidad se abre para Colombia una nueva oportunidad para la paz, en la que el principal reto es superar los problemas estructurales de pobreza, inequidad, exclusión social y en general todos lo que afecta la buena marcha del Estado y la sociedad. el paso del conflicto armado a la ausencia de guerra requerirá específicamente de unas políticas públicas capaces de reivindicar a las víctimas y de reinsertar a los actores violentos a la vida civil. Esto se ha llamado Justicia transicional y gestión del postconflicto que demanda una gestión de alto nivel sobre todo en las regiones ya que es en ellas es donde hay que administrar el día a día las consecuencias de la guerra, en las se encuentra el desplazamiento forzado.

4. El desplazamiento forzado es uno de los grandes dramas humanitarios que afectan a grandes grupos de la población mundial y una de las grandes preocupaciones que tanto Naciones Unidas como el resto de las organizaciones humanitarias y de cooperación fijan como un objetivo prioritario de la atención mundial, para no permitir que la experiencia que vive El Salvador , Guatemala y Nicaragua después del Posconflicto, se repita en nuestro país, porque la realidad nos muestra un panorama de violencia urbana que sigue deteriorando las ciudades con incremento de criminalidad, esto implica a que pensemos en un cambio en el panorama general, en la medida en que la criminalidad se transforma, y pasa de grupos ilegales con una estructura militar a grupos de delincuencia común involucrados en el tráfico de drogas que permite el incremento del desplazamiento intraurbano.

5. La transición del conflicto armado en Colombia hacia la paz, es un camino que aún falta recorrer, pues a pesar de los esfuerzos del gobierno y el acercamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia “FARC” a través del dialogo, en aras de trascender al posconflicto, es una mera expectativa, en el sentido que firmando el acuerdo de paz, no cesaran los conflictos, en virtud a que las mismas se desmovilizaran, pero se crearan más grupos armados al margen de la Ley, que no permitirán que se cristalice la paz en Colombia.

6. Las victimas con la firma de la paz, quedaran con un sin sabor en el sentido que el mismo se encuentra condicionado a perdonar y olvidar el daño ocasionado en sus vidas y quizá familiares y amigos, quedando de esta manera impune muchos daños que dejaran de imputarse.

7. El Posconflicto es el ideal, la meta, objetivo y el mayor anhelo del Estado Colombiano a fin de lograr la unidad social, libre de violencia.

8. El proceso de Restitución de Tierras en Colombia, es una realidad actual que cada vez coge más fuerza, pese a ello y a todos los esfuerzos humanos e institucionales para lograr los objetivos que la Ley dispuso para tal fin, su alcance no ha tenido los resultados esperados, pues el trámite para reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, se ha tornado algo lento y dispendioso, ya sea por la falta de microfocalización de la mayoría de las zonas en conflicto, por la continuidad de las acciones insurgentes en ciertas regiones del país, la poca o nula existencia de información para acceder a este beneficio o simplemente la falta de garantías estales, para que las victimas tengan la confianza suficiente para acudir a reclamar sus derechos.

9. Con todos los resultados obtenidos hasta ahora en el desarrollo del marco de la Ley 1448/11, no queda duda alguna que se hace necesaria una reforma a la misma por parte del legislador, en virtud a que los diez años de su vigencia se tornan insuficientes para reparar a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia, pues hasta ahora en sus primeros tres años de rigor, solo se han recibido algo más de un 15% del total de solicitudes de reparación esperadas, de las cuales solo una tercera parte se encuentra en etapa de estudio.

10. Con una visión hacia el posconflicto en Colombia y conforme a los hallazgos encontrados en la presente investigación, debe indicarse sin lugar a equívocos que tanto las organizaciones gubernamentales como la población en general, no se encuentran preparadas para afrontar la reparación de las víctimas de la violencia y el conflicto armado en Colombia, no porque las políticas hasta ahora desarrolladas no han alcanzado las metas esperadas, sino porque con la firma de la Paz en la Habana (Cuba), deberán implementarse nuevas políticas gubernamentales, incluyendo las fiscales para cumplir con todos y cada uno de los acuerdos que se llegaren a firmar, lo que a todas luces afectara a todos y cada uno de los sectores económicos y sociales del país.

11. Sin duda alguna, los países centroamericanos sufren una era de posconflicto agónica, con problemáticas que de manera sinérgica surgen para todos, hechos como la inadecuado reinserción de los grupos guerrilleros a la vida civil y política, problemáticas como el surgimiento de grupos delincuenciales (maras) y reductos de oposición armada (contras), la pobreza e inequidad, víctimas del conflicto y la posguerra, políticas de gobierno desquebrajadas referentes a restitución de tierras, poca planeación en relación a la restructuración de las fuerza militares y negociaciones ineficaces en lo relacionado al desarme total y entrega del material bélico, has generado realidades posbélicas infortunadas para Centroamérica, temas y realidades que ineludiblemente debe observar nuestro país, con miras a desarrollar una negociación seria, no solo en búsqueda de poner fin a la confrontación armada Estado-farc , sino también, generando políticas, eficaces, que permitan sortear o neutralizar las consecuencia negativas venideras con el fin del conflicto.

12. Es evidente que el posconflicto ocasionara para colombiano una mutación de actores ilegales, metástasis que originara grupos violentos emergentes, inoperancia estatal, impunidad, desempleo, pululación de armas para los nacientes actores de delincuencia común y organizada, grupos disidentes no desmovilizados etc, estas problemáticas nos deben poner en máxima alerta para entender que la institucionalidad debe estar preparada, apoyada por la sociedad misma, como mecanismo único para evitar o contrarrestar de que nos depara, teniendo como ejemplo a los países, que pasaron por este mismo proceso, teniendo la capacidad de aprendiendo de sus errores y aciertos.

13. Una de los aspectos positivos de la puesta en marcha de los proyectos políticos implementados por los grupos guerrilleros que acordaron la paz en Nicaragua, Salvador y Guatemala, es la estadística que nos da como resultado que mediante la lucha armada se tiene una posibilidad muy bajo de alcanzar el poder, en contraposición a la vía democrática, recordando que todos los movimiento políticos de izquierda surgidos a partir de movimientos guerrillero que optaron por la pacificados y democracia, ha obtenido el poder legítimamente en corto tiempo y sean consolidándose como fuerzas de oposición desde la paz, hecho que debe tener en cuenta un grupo guerrillero como las farc, catalogados en la última década como terrorista y que lleva más de 50 años buscado el derrocamiento del estado colombiano, lo que los ha conllevado a el aislamiento total de sus ideas y a la no aceptación de la sociedad colombiana y organismos internacionales, contrastando, contrastando con el estado colombiano que ve fortalecido en su institucionalidad.

14. Así mismo, las diferentes realidades de posconflicto vividas por los países centroamericanos, Sudáfrica e Irlanda del Norte, en temas como, justicia transicional y restaurativa, restitución de tierras, dejación de armas, grupos delincuenciales emergentes, nuevos actores políticos, restructuración de fuerzas militares y de policía, pobreza y minería, son sin duda, problemáticas que tendrá que afrontar nuestro país de cara a una eventual salida negociada entre el estado colombiana y el grupo subversivo farc-ep.

15. El punto de vista dado a conocer, puede ser percibido como pesimista o escéptico, pues en su gran mayoría expone los escenarios negativos surgidos a parir de los acuerdo de paz que dieron fin a el principal síndrome armado vivido en los países ya enunciados, o lo que hemos ejemplarizado con la siguiente premisa “La extirpación del principal cáncer generador de violencia en las sociedades, en estudio, sin duda alguna hizo metástasis, generando sinnúmero problemáticas dañosas”, aclarando que, solo a partir de las experiencia y antecedentes nefastos dados a conocer en el presente documento, lo ideal sería aprender de los errores nuestros y de los demás, en búsqueda de no caer en el viejo adagio que señala: “El pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla”.

RECOMENDACIONES

• Acelerar acercamiento con el grupo armado ilegal U.C. ELN, con el propósito que existen menos actores con capacidad de violación de derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario en Colombia.
• Se requiere que los procesos sociales, que cobijan a la población desplazada tengan solución a corto plazo. Por parte de los organismos creados para tal fin es importante que en esta problemática, no se permita si no a los beneficiarios directos, para que si no tiene la calidad de desplazados no reciban beneficios por que disminuye esta forma la oportunidad de quienes sin realmente lo necesitan.
• Los sistemas normativos y entidades gubernamentales deben ser más eficientes en la individualización real de las víctimas del conflicto Colombiano y la reparación justa de las mismas, a través de una vigilancia permanente del proceso, a fin de que no haya una desviación de los recursos, esto es, identificar que realmente sea una víctima reconocida del conflicto armado y no una víctima de la delincuencia común, misma que no le asiste derecho a la reparación.
• Generar políticas de gobierno que propendan por la protección de la victimas reparadas y la lucha frontal contra los grupos emergentes, con miras a que estos no sean factor de riesgo.
• Proponer al Congreso de la Republica una reforma a la Ley 1448/11, enfocada en ampliar su vigencia de manera indefinida, en virtud a que los resultados obtenidos a la fecha, han evidenciado que el término concedido para reparar a las víctimas del despojo y el desplazamiento en Colombia (10 años) no es suficiente, máxime cuando hace unos pocos días el Consejo de Estado ha ordenado la inclusión como víctimas a los miembros de la fuerza pública (ejército y policía) y a sus correspondientes familias.
• Efectuar una restructuración a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con miras de aumentar su planta de personal para obtener una mayor capacidad de evacuación de estudio de solicitudes, aunado a la simplicación en los trámites para obtener el Registro de Tierra Despojada y Abandonada Forzadamente, como requisito sine qua non para que las victimas inicien su acción de reparación.
• Comprometer al estado a que amplié la capacidad logística y pie de fuerza, para que ofrezca las garantías necesarias de seguridad y protección de la integridad personal de todos y cada uno de los reclamantes en compañía de sus familias, así como la de funcionarios y empleados que han sido designados para el proceso de reparación integral de las víctimas.
• Que el gobierno a través del Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa, nombre más Jueces Especializados en Restitución de Tierras, con el fin de agilizar el trámite de los procesos y la correspondiente entrega de los bienes a los reclamantes, o en su defecto obtener la equivalencia del inmueble y/o su compensación en dinero, como lo ha dispuesto la Ley de Victimas y Restitución de Tierras (Ley 1448/11).
• Es importante que los actores dentro del conflicto colombiano (gobierno nacional y Farc), tomen como ejemplo las realidades de posconflicto de los países
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• Autor: Lizandro Alfonso Cabrera Suarez. Profesor Investigador Universidad Santiago De Cali. Maestro de Formación en Ciencias Sociales. Abogado. Especializaciones en Derecho Privado de la Upb de Medellín. En Docencia Superior Universitaria de la USC de Cali. En Desarrollo Intelectual Fundación Alberto Merani. USC. Maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda Bogotá. Estudios de Doctorado en UNED de Madrid. Director Grupo de Investigación Hernando Devis Echandía. Categoría A por Colciencias. Este ensayo está orientado a mostrar El derecho a la memoria y su protección jurídica: avance de investigación el desarrollo jurídico y conceptual del derecho a la memoria como parte integrante de los derechos a la verdad, justicia y reparación, que le asisten a las víctimas de las violaciones de Derechos Humanos, como paso fundamental en el camino hacia la reconciliación, en las sociedades que han sido atravesadas por las dinámicas de la violencia, bien sea por la aparición de dictaduras sanguinarias o de conflictos armados intensos.
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