Se define como propósito del Magisterio, de las Instituciones educativas, de la Sociedad y del Estado “elevar la calidad de la educación y garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas el disfrute de sus beneficios”
Uno de los interrogantes que nos acerca a que alcancemos éste propósito es ¿Cómo abordar desde las instituciones escolares la construcción de una ética civil consciente, que nos permita mejores formas de convivencia y salidas justas y humanas para la superación de los conflictos? ¿Qué condiciones y qué recursos se necesitan?
Para responderlo debemos más que entender, interiorizar que somos una sociedad tan diversa de pensamiento, de raza, de cultura, de geografía, que pretender unificar un solo modelo educativo sin considerar tantas variables de contexto hacen que los avances que se pudieran alcanzar anden en operación tortuga, con el cumplimiento de seguir formando pero sin la meta de que el aprendizaje efectivamente impacte las regiones.
Todo esto sin contar con la variable de violencia que puede y es el factor trasversal a todo nuestro país en diferentes realidades pero no es ajeno a nadie, pretender una convivencia pacífica solo es concebible integrando en la construcción a cada agente en juego, es decir, las familias, la sociedad en conjunto, las instituciones educativas, y el estado, haciendo de los valores cívicos, éticos, morales y hasta espirituales reglas imperantes y transcendentes a toda diversidad.
La ética civil para la mejor convivencia y superación de los conflictos es algo en lo que se ha venido trabajando y un ejemplo de esa necesidad es la creación de la Ley 1732 de 2014 que tiene el objetivo de crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana. Y más allá de responder al proceso de paz de la Habana está pensado en la superación los conflictos y recuperar el tejido social.
Para hacer efectivo éste ideal de impacto social desde las instituciones educativas el Decreto 1038 del 25 de mayo de 2015 entra a reglamentar la Ley que crea La Cátedra para la Paz y la vuelve obligatoria en todos los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado y hasta el 31 de Diciembre de 2015 ya debe estar incorporada al plan de estudios, adicionalmente el ICFES a partir del 2016 evaluará los logros de ésta cátedra, y al Ministerio de Educación también se le atribuye la responsabilidad de promover la formación de los docentes al respecto.
Todo éste ciclo que se ve encadenado uno a uno, hace posible la integración de todos, con el propósito de impactar de manera positiva y permanente nuestro país, cómo lograrlo, la misma ley designa la enseñanza obligatoria de "La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos".

Debemos estar expectantes a los resultados de ésta gran propuesta, pues éste es el modelo que seguramente logra mayor impacto a una sociedad que está en un proceso de superación de los conflictos, una superación constante, diaria, y es el espíritu conciliatorio el que debemos difundir a lo largo de los distintos saberes pues ninguno se escapa de la naturaleza conflictiva de la humanidad.