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Comentario por MAGALY ESTHER CALVO RAMOS el noviembre 13, 2012 a las 11:50pm

Estimada profesora Lisete, me parece que la capacitación permanente y continuada es tanto un derecho del docente como un deber del estado. Aunque parezca increíble, a veces el estado invierte enormes cantidades de dinero en capacitación para docentes y éstos no lo aprecian, se inscriben y no terminan los cursos o asisten a ellos sólo para aumentar el volumen de sus hojas de vida. Y en ocasiones los docentes quieren capacitarse y no disponen de los permisos en las instituciones educativas, los directivos obstaculizan al docente de muchas maneras, por ejemplo con las cargas académicas y los horarios, o el estado programa diplomados, cursos, seminarios o conferencias que a muy pocos docentes les interesan. El sentido común indica que el estado debería consultar previamente las necesidades de los docentes, de las instituciones y de las comunidades educativas, para programar la capacitación a docentes, pero lamentablemente rara vez se consulta a los docentes y en estos asuntos en los cuales siempre se mueve mucho dinero existen intereses y conveniencias de dudosa índole. Con muchísima frecuencia programan toda clase de cursos a los cuales el docente asiste porque le toca, no porque le interese verdaderamente, y los únicos beneficiados son los conferencistas o las empresas a quienes les adjudican estos contratos millonarios.

En Colombia también se ha puesto ahora de moda la escuela inclusiva, hasta el punto de que según la ley toda escuela debe ser inclusiva y no puede negarse a recibir estudiantes alegando cualquier limitación o incapacidad. Indudablemente, las escuelas inclusivas generan muchas oportunidades para los niños o jóvenes con distintas limitaciones o dificultades y también contribuyen a que los niños sin esas limitaciones no sólo aprendan a valorar su salud física y mental sino a solidarizarse con quienes padecen toda clase de limitaciones, así que es el escenario perfecto para fomentar todos los valores éticos y morales en una comunidad educativa.

Mi experiencia ha sido que casi todos los problemas que se generan en escuelas inclusivas no son causados por la interacción entre estudiantes con y sin limitaciones, sino por la falta de capacitación adecuada para que los docentes manejen estos casos especiales, sobre todo cuando no cuentan con el apoyo de sicólogos, siquiatras, trabajadores sociales, enfermeras, médicos y terapeutas especializados en los distintos casos. Un tema álgido, que genera las mayores controversias, es por qué una institución debe invertir tanto para atender las necesidades de tan pocos, por ejemplo si hay mil alumnos sin dificultades y treinta con dificultades. Otro aspecto, no menos difícil, es la actitud de los padres que por ningún motivo desean que sus hijos se relacionen con estudiantes que pudieran percibir como amenaza para la integridad de sus propios hijos.

Con respecto a la reciprocidad que el docente deba tener con el país que le costeó sus estudios, supongo que obtener una beca o ayuda económica estará sujeto a diversos requisitos y allí podría muy bien incluirse una cláusula que obligue al docente a ejercer su profesión, durante un tiempo y condiciones predeterminados, en el país que le pagó dichos estudios, pero esas políticas son propias de cada estado y también están influenciadas por los estilos y formas de pensar de los gobernantes, desde los Presidentes hasta los Ministros y Secretarios de Educación, como sea que se llamen en cada nación. Pero si el docente ha pagado su capacitación en el extranjero con su propio dinero, no veo cómo podrían exigirle regresar a su país a socializar sus nuevos saberes, especialmente si en el exterior le ofrecen mejores oportunidades de trabajo y mayor remuneración económica.

Reciba un cordial saludo desde Cartagena, Colombia.