Carlos Andrés Galeso Morales

Al analizar el entorno actual de las contiendas bélicas, las cuales se perciben en guerras civiles inter-étnicas o religiosas, divisamos en América Latina el conflicto en Colombia. Dicha disputa, fundamentada inicialmente en los argumentos de la Guerra Fría; hoy se advierte en la lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo. Ambas acciones criminales que soportan el cúmulo de violaciones a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario acaecidos en nuestro país; al extremo que tanto las FARC, el ELN y en otrora las AUC hayan sido reseñadas como grupos terroristas .

Esa desmedida violencia inmersa exclusivamente dentro de líneas divisorias del Estado colombiano, es la esencia del conflicto armado interno sustentado en el enfrentamiento ideológico y político de los modelos de gobierno capitalista y comunista al finalizar la Segunda Guerra Mundial; y emergido por los efectos de las luchas comunistas contra la violencia conservadora iniciadas a finales de la década de los 40 y la revolución cubana en los años 70, propiciando el surgimiento de la guerrilla colombiana de las FARC y ELN, respectivamente.

La rivalidad interna desarrollada en Colombia, se podría catalogar en primer lugar como una guerra no convencional [o irregular], toda vez que las guerrillas en sus ataques y combates breves, discontinuos y escabullidos no utilizan artillería, ni carros de combate y mucho menos unidades de potencia auxiliar. De igual forma, el conflicto armado interno, le es dable ubicarlo en el escenario de guerra revolucionaria bajo el entendido de una guerra de guerrillas de baja o intermedia escala; debido a que la confrontación armada a partir de los años 90 se profundizó y envileció; y teniendo en cuenta, la insuficiente información para identificar todas las víctimas de violencia política.

Ahora bien, el conflicto interno no es viable circunscribirlo en una guerra civil. Eduardo Pizarro, la define como “un enfrentamiento entre dos o más divisiones de sociedad, claramente reconocida una y otra por su raza, religión, cultura, región o ideología” . Así las cosas, es evidente que ni las guerrillas representan al campesinado y/o sectores populares, ni los paramilitares identifican a la clase media. En otros términos, ninguno de los actores armados integra en su estructura política a importantes grupos poblacionales. De allí, que es factible concluir, que no existe polarización nacional entre estas dos instituciones contrapuestas.

Es una realidad inobjetable que las guerrillas y los paramilitares practican y ejercieron dentro de algunos territorios de la geografía nacional funciones gubernamentales análogas al ordenamiento jurídico colombiano; toda vez que cobran impuestos ilegales, ofrecen seguridad y aplican una justicia acorde con su ideario político. Sin embargo, no existió simetría entre estos grupos armados y el Estado en cuanto a dominio territorial, control poblacional, apropiación de recursos, combatientes y reconocimiento internacional. Por tanto, no es posible colegir que exista en Colombia una “sociedad escindida” ni aún peor un “Estado dentro del Estado”.

Indiscutiblemente Estados Unidos ha intervenido en el conflicto apoyando iniciativas militaristas como el Plan Colombia; y países como Ecuador y Venezuela han servido a las guerrillas a través de campamentos temporales que sus integrantes utilizan cuando son acorralados y perseguidos por el ejército colombiano; no obstante, la categoría de “conflicto regional complejo” no califica para el país, pues estos Estados [particularmente a través de su Fuerza Militar] abiertamente nunca han combatido en la confrontación armada interna.

Si detallamos la posición de Daniel Pécaut cuando arguye que el conflicto interno armado representa una “guerra contra la sociedad” en consecuencia a que la población civil es la más afectada con las acciones militares de los participantes en la misma; es menester relacionar el fenómeno del narcotráfico y su intervención en la violencia de la década de los 80 y el nuevo contexto de la sociedad y la institucionalidad a partir de su vinculación con el sistema político, la Fuerza Pública, las guerrillas, los paramilitares y el crimen organizado.

A través de la economía de la droga muchos políticos colombianos accedieron al poder estatal permitiendo el ingreso de éstos ilegales dineros a sus campañas electorales, las guerrillas y los paramilitares captaron recursos para la financiación de su aparato militar; mientras que miembros de la Fuerza Pública se aliaron a delincuentes comunes, guerrillas y paramilitares para la ejecución de actividades criminales que se fundamentan en intereses particulares.

Si bien el tráfico de estupefacientes encontró cimientos en el contrabando y abandono del Estado a las regiones periféricas; las guerrillas apoyaron su extensión al actuar como protectoras a ésta economía irregular que se desarrolló sin el control de las Fuerzas Armadas. Así las cosas, la insurgencia era una gran beneficiaria de amplias zonas con cultivo de droga.

Los narcotraficantes también permearon las organizaciones paramilitares y el estamento militar con el propósito de erradicar la guerrilla. Así surgieron entre éstos actores las primeras alianzas conflictivas conocidas socialmente como el MAS [Muerte a Secuestradores] en 1981, la “Reconquista” a cargo de Gonzalo Rodríguez Gacha en Magdalena Medio y “Colombia Libre” cuyo adalid fue Fidel Castaño en Puerto Boyacá.

Sin duda alguna, la amalgama de colaboración y estrategia entre agencias estales, grupos alzados en armas y narcotraficantes trajeron como consecuencia la degradación social y el enquiste de la corrupción representada civilmente en grupos denominados “limpieza urbana” que contaron con el respaldo del Estado, bandas sicariales al servicio del narcotráfico con los subsecuentes enfrentamientos territoriales, milicias urbanas del ELN y las FARC y asociaciones de delincuencia organizada enfocada principalmente al delito del secuestro.

Guerrillas, militares y paramilitares solidarios y unificados, combatiendo e interactuando estratégicamente para enfrentarse por el apoderamiento de los recursos económicos provenientes del tráfico de armas y drogas, las operaciones comerciales y el territorio. Protagonistas de la violencia que no les faltaba bienes o dinero; mientras los narcos consolidaban inversiones en compras de tierras para la agricultura y la ganadería, las guerrillas se fortalecían financieramente a través del pago de rescates por secuestrados, la extorsión a comerciantes, empresas mineras y ganaderos, el “gramaje” cobrado como impuesto a los cultivadores de droga, las tasas a los colectores y transportadores de narcóticos y la exacción a entidades territoriales. Este modelo, posteriormente copiado en gran medida por los paramilitares, les permitía ejercer presiones sobre las élites económicas, sociales y políticas en las regiones dónde tenían algún tipo de incidencia y presencia.

De igual forma, tales transacciones económicas entre actores armados y sociedad civil, inferían la expropiación de bienes cuando los propietarios no estaban al día con las obligaciones impositivas, relaciones económicas de desconfianza entre todos los agentes conflictivos; es decir, sin la participación de la guerrilla o de los paramilitares las actividades económicas no se desarrollaban atendiendo las reglas del mercado, con todo y eso se producían desplazamientos, incumplimientos contractuales, injusticia y masacres. Empero, cuando se preservaba la confianza, se advertía coadyuvancia del actor armado al resguardar los laboratorios de droga de los narcotraficantes, al apoyar las demandas de los indígenas y campesinos y también, al defender el capital.

Las anteriores circunstancias, hicieron proclive el cambio de valores escenificado en la comercialización de drogas ilícitas como dispositivo para alcanzar el poder, dinero fácil y reconocimiento vacuo en una estructura social enferma e indiferente que desecha la esencia de la vida y la importancia de la humanidad. Una ambigüedad del conflicto interno armado demarcado por la lucha antidroga y la cruzada contra unas guerrillas que relegaron sus motivaciones políticas para enlazarse con el narcotráfico.