Crisis Humanitaria en La Guajira y transversalidad curricular ¿Hay alguna relación? Segunda parte.

Patricia Mercedes Aníbal Viana
Maestrante en Educación. Mención Currículo


Las condiciones estructurales de una sociedad influyen en la calidad de su proceso educativo, entendida la calidad como favorecedora de una transformación social multidimensional anhelada por los pueblos en la que la libertad y la justicia, el bienestar y el progreso, se repartan entre todos y no entre pocos. Calidad y eficiencia están hoy bajo la perspectiva de las políticas públicas neoliberales poco humanizadoras. Sigue el desarme del pueblo.
Desde la estrecha relación existente entre Estado - política pública - educación y teniendo en cuenta las peculiares condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que se viven en el departamento de La Guajira es necesario revisar, desde lo educativo, la incidencia negativa del entorno para la concreción de la política de la paz. Se promulgan leyes, estas afectan lo socio económico, surgen problemas sociales a raíz de la implementación de esas normas y desde la escuela se debe resolver el problema de inequidad y de violencia que el mismo estado ha creado. Me pregunto ¿la curricularización por sí sola del super decreto Cátedra de la paz, 1038 de 2015, resolverá el problema de la violencia?
Para tener una idea de lo complejo que resulta esta tendencia neoliberal poco humanizadora - educación esperanzadora y contexto, hagamos un repaso a las reformas de la apertura económica que se iniciaron con el gobierno de Gaviria y siguen vigentes (reforma arancelaria que permitió en un momento determinado que el mercado colombiano se inundara de productos provenientes del extranjero, sin ningún control, para competir con los productos nacionales; reforma portuaria, cuyo único paso ha sido la privatización de Puertos de Colombia; reforma tributaria, con la cual se pretendió recaudar dineros para una supuesta inversión social que realmente no se ha visto; reforma laboral, que ha traído graves consecuencias de inestabilidad para la clase trabajadora del país, ya que se han perdido importantes logros obtenidos en épocas anteriores por los movimientos sindicales del país. Además esta reforma (ley 50 de 1990), facilita los despidos colectivos, elimina la obligación de reintegro a trabajadores con más de diez años de servicio, formaliza las agencias de empleo temporales, establece el salario integral, cambio del régimen de cesantías).
Quienes manejan la economía nacional desconocen la gran cantidad de problemas bastante concretos que tiene hoy la población de nuestro país, especialmente en La Guajira, como: el desempleo, la pobreza, la educación, el conflicto armado, la corrupción e injusticia social. En Colombia son millones los ciudadanos que perciben dos salarios mínimos vigentes, un salario mínimo y menos de un salario mínimo (nuestros estudiantes provienen, en su mayoría, de familias con este tipo de ingresos y con más de 4 miembros).
Se ha entregado un país entero a la iniciativa privada, dejando en manos de ésta, ese régimen laboral excluyente denominado “flexibilización”, que lo único que ha hecho es despedir trabajadores que otrora tenían seguro su porvenir y que ahora andan en busca de nuevos empleos para sobrevivir en este maremágnum económico. Un ejemplo concreto de esto es el despido de muchísimos trabajadores tercerizados del cerrejón cuyos hijos hacen parte del sistema educativo colombiano. Es un problema social para La Guajira, y va en contra de las soluciones económicas para la situación social que estamos viviendo y que fue recogida esta preocupación en el primer punto del pliego que llevó el movimiento social al paro nacional del 17 de marzo: “Desarrollar un programa estructural con medidas de emergencia para el pueblo guajiro y otros más donde la hambruna y la muerte de la niñez, es una vergüenza para Colombia”.
En La Guajira, es necesario reconocer que esta crisis humanitaria nos aleja, cada vez más, de los principios de una sociedad democrática y pluricultural, porque nos hacen falta entornos para la equidad, libertad y dignidad, condiciones primordiales y complejas para un desarrollo humano sostenible y que son una plataforma para un sistema educativo eficaz que evite el incremento de estadísticas negativas relacionadas con nuestros jóvenes.

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