Patricia Mercedes Aníbal Viana
Maestrante en Educación. Mención Currículo

¿Cómo puede haber equidad y justicia social en un país y en una región donde los grandes monopolios han venido atrayendo hacia sí la economía a grandes pasos, donde priman las tensiones sociales por los intereses políticos y hay una lucha por el control de los recursos y, desde el congreso, las disposiciones han generado conflicto interno?

Mientras eso sucede la población menos favorecida (las familias de nuestros estudiantes del sector oficial) sigue su lucha por la sobrevivencia, tratando de mantenerse a flote y no ahogarse en el inmenso mar de la inflación dejándose llevar por las olas de la economía del rebusque y las fluctuaciones económicas.

En estos tiempos de desarmes en Colombia, es necesario pensar en llevar a la práctica en las instituciones educativas -desde la básica primaria hasta la universidad- la propuesta de transformación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje bajo el concepto de transversalidad que configura objetivos y finalidades educativas que requieren continua reflexión para recuperar la dimensión humanizadora de la acción educativa para dar respuesta a ¿Cómo hacer comprender desde el aula de clases la complejidad del contexto guajiro? En esta época de crisis, se hace más necesario que nunca.
Implementar la transversalidad en cada institución educativa implica una lectura crítica y una síntesis creativa de su entorno político, social, económico, cultural y natural como sistema complejo para diseñar nuevas formas de planificación, organización, de recursos y evaluación que permitan cambios significativos a futuro que favorecen la identidad de la comunidad educativa y el pleno desarrollo multidimensional tanto del estudiante como del docente. Es decir la verdadera transformación del ser social. Eso solo se consigue a través de un acto pedagógico crítico y no un acto pedagógico mecanicista para alcanzar unos altos puntajes de las pruebas saber.
La pedagogía crítica ve a la educación como una práctica política social y cultural. Se plantea como objetivos centrales el cuestionamiento de las formas de dominación que crean inequidades, el rechazo al acatamiento de la intención de la escolarización a consideraciones económicas.
Es a través de la reflexión y la acción como básicamente se construye escuela y eficacia del servicio educativo y no solo a través del reflejo de altos puntajes en pruebas nacionales e internacionales como lo propone y exige la actual ministra de educación. Lo que determina la eficacia del servicio es el acompañamiento para desarrollar las potencialidades que necesita el y la estudiante para ponerlas al servicio de su comunidad. Entonces debe reflexionarse sobre cuál es el papel que la escuela desempeña en la vida política y cultural de la comunidad en la que está inmersa.
La escuela pública es la única plataforma que tienen niñas y jóvenes pobres para aprender a reconocer sus derechos, enfrentar las condiciones adversas de su entorno, sus conflictos, la pobreza y las causas estructurales de ella porque el proceso pedagógico es un proceso social, el cual debe ser visualizado en el contexto de la función social de la educación en un momento histórico determinado, en el que está definido el perfil de ciudadano y el proyecto de país al que se aspira.
Si queremos que realmente Colombia sea la más educada en el 2020, es hora de exigir que los presupuestos territoriales se adapten a los requerimientos de la implementación de la transversalidad en los Proyectos Educativos Institucionales en cada colegio y que no sea al contrario, que deban sacrificarse procesos requeridos para un determinado modelo o un enfoque pedagógico por falta de presupuesto que obliga muchas veces a improvisar y cambiar la planificación para el mejoramiento institucional. O peor aún, que se siga con el “pago por resultados”, ajustada a los puntajes que alcanzan los estudiantes en el proceso educativo y que está ligada estrechamente a la tendencia de países con economías primarias como Colombia de rendir cuentas ante organismos internacionales que imponen medidas económicas como el Banco Mundial o la OCDE, con el fin de paliar la crisis capitalista y demostrar que nuestro sistema educativo responde a las necesidades del mercado y a los estándares internacionales. La realidad es otra.