La pandemia del Covid-19 ha puesto a prueba los sistemas educativos de todos los países del mundo. La movilización gubernamental para brindar el servicio educativo a los estudiantes, ha ido acompañado de la respuesta de las personas adultas a las medidas de emergencia implementadas. La conducta y actitud de las personas demuestra la calidad del sistema educativo inculcado antes y durante el desarrollo de la pandemia.

La responsabilidad del individuo con su entorno personal y social se va formando desde los hogares, en la familia; expandiéndose a ser una labor de la escuela, como formación de ciudadanos. Una búsqueda constante del comportamiento idóneo del sujeto a los intereses colectivos de la sociedad. Por lo cual, el estudiante tiene el derecho y deber de conocer sus obligaciones, así como la prerrogativa a cuestionarlos éticamente para procurar cumplir con ellas; imperativo moral destinado a ayudar en la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad. Responder a los sucesos personales y sociales, asumiendo las consecuencias de sus actos, dentro de su relación moral y jurídica con la humanidad en su conjunto.

Alcanzar un ciudadano responsable requiere el esfuerzo de todos los actores del sistema educativo. Y, como lo pone de relieve la actual pandemia, la capacidad de los gobiernos para movilizar los recursos del Estado. El individuo necesita tener el acceso a la información y a la toma de decisiones. A la medida a que se atienda el desarrollo de las capacidades del sujeto de aprendizaje, se le impulsa a cumplir conscientemente y voluntariamente sus obligaciones con la sociedad durante su vida. La formación de un ciudadano responsable, es lograr la autonomía del individuo en el presente y en su actuar a futuro, como un aprendizaje para la vida.

La formación de un ciudadano es una labor primordial del sistema educativo, una tarea titánica y urgente. El hacerse carga de nuestra libertad personal, es una responsabilidad que conlleva esfuerzo, decisión y perseverancia. Al ser promovido desde las escuelas necesita del apoyo gubernamental. El gobierno es el primer elemento de la sociedad con una obligación con todos los estudiantes. Las instituciones educativas son los espacios ideales para el cuestionamiento ético, el cual debe ser impulsado por los gobiernos en su meta de lograr que el individuo se reconozca como ciudadano, digno de derecho y deberes para asegurar su propia existencia personal y colectiva. Así podemos evitar que las personas cedan su libertad a otros, al no comprender los intereses de la sociedad; lo cual, genera y ha promovido el comportamiento incívico de muchos “ciudadanos”, antes y durante esta pandemia del Covid-19.

El comportamiento incívico no se encara solo con la publicidad de buenas conductas. Se le enfrenta con una formación basada en el cuestionamiento, la crítica y la deliberación desde las escuelas, que ahora se ha extendido a los hogares. Una gran oportunidad, no solo para vincular la educación de los menores de edad con sus familias; sino también para promover la obligación moral de toda la sociedad con la formación de la personalidad de los futuros y presentes ciudadanos.

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