Introducción

Honduras desde hace algunos años, enfrenta condiciones de inseguridad derivados de lo que la Socióloga Leticia Salomón ha identificado como delincuencia menor o común (Frecuente y de impactos focalizados) y la delincuencia mayor u organizada (Menos frecuente pero de impactos macro sociales más profundos), también se admite que existe una delincuencia intermedia o de transición entre los delincuentes que asaltan y delinquen en la calle y aquellos que planifican sus acciones y han profundizado vínculos en el Estado, en la Empresa Privada y en los Partidos Políticos.

En este orden de ideas en la sociedad hondureña en general existe un consensó sobre la necesidad de impulsar y profundizar reformas en el sistema de seguridad pública en el país, con objeto de detener y en el mejor de los casos disminuir la delincuencia. Pero es que perseguir el delito es un proceso conjunto, de manera que la reforma no solo debe ser policial, sino de los demás operadores de justicia, que incluyen jueces y magistrados, fiscalía, policía, de manera que exista una lógica y congruencia entre captura, aportación de pruebas del delito, judicialización, establecimiento de la pena e idealmente un proceso de rehabilitación en el subsistema penitenciario, en donde los privados de libertad no asistan a su graduación en el crimen, sino que tengan la oportunidad de resarcir el daño a la sociedad y aprender lo que se tiene que aprender para incorporarse de nuevo en la sociedad.

Naturalmente que un proceso de reforma involucra cambios planificados, no solo de la normativa jurídica (leyes y reglamentos), sino el proceso de depuración, la asignación de presupuestos y recursos para el mejoramiento y perfeccionamiento del sistema, en este caso el sistema de seguridad.

También en un proceso de reforma o cambio planificado es necesario identificar los factores, actores que puedan actuar como contrarreforma o contra reformistas, ya sea que actúen conscientemente para hacer permanecer el estado actual de cosas, o sea por desconocimiento e ignorancia. Policías, fiscales, tomadores de decisiones políticas, delincuentes, ciudadanía en general pueden ser contra reformistas, por lo tanto en el impulso de una reforma como la del Sistema de Seguridad Pública que aspira a ser integral y efectiva debe de reconocerse las fuerzas impulsoras como detractoras y diseñar estrategias para que, la contrarreforma no tenga más peso que la reforma, ya que de ser así la misma reforma puede detenerse y permanecer la realidad en temas de seguridad o inseguridad tal como no lo deseamos los ciudadanos.

Necesidad de Reformas en el Sector de la Seguridad Pública en Honduras

En un sistema democrático como el nuestro, a medida que transcurre el tiempo, los sucesos y la emergencia de nuevos fenómenos, los sistemas pueden entrar en crisis, momento en el que se justifican reformas en su manera de organizarse, operar y presentar sus resultados o productos ante la sociedad.

En el caso particular de la Seguridad, este es un sistema integrado por diferentes subsistemas: El Subsistema Policial; el Subsistema de Administración de la Justicia; el Subsistema de Acusación o Fiscalía; el Subsistema Penitenciario, todos ellos de amplitud nacional. En las ciencias jurídicas y sociales se afirma que el sistema de Seguridad de un país, debe dedicarse a perseguir el delito y no a las personas, de forma que en este orden de ideas un delincuente de cuello blanco y un delincuente común tengan penas iguales por delitos comunes o equivalentes.

Perseguir el delito, aplicar penas, y hacer que los delincuentes purguen sus penas, pero también tengan la oportunidad de educarse, capacitarse para la reinserción social, son las legítimas aspiraciones de una sociedad que como la hondureña, desea tener seguridad ciudadana.

El fallo de uno de los elementos o de las instituciones responsables de las etapas del proceso de seguridad, provoca impunidad, crecimiento de la delincuencia, violencia general y especifica (contra políticos, abogados, periodistas, mujeres, comunidad LGTBI) así como por consecuencia una percepción ciudadana de aumento de la inseguridad. Un país en desarrollo como Honduras se ve afectado en distintas dimensiones por la inseguridad, quizás los impactos más evidentes son la pérdida de vidas humanas, los daños o perdida de la propiedad, sin lugar a dudas también existen efectos psicológicos por la indefensión, la violencia, como también hay impactos económicos en el macrosistema social y económico de la competitividad, pues ¿Quién en su sano juicio deseara educarse, invertir, trabajar o siquiera vivir en una comunidad o un país donde las instituciones que deben garantizar la seguridad y combatir el delito han fracasado?

Esto queda demostrado por la descripción que Víctor Meza (2013) hace de una sociedad como la nuestra: “Honduras está viviendo una profunda crisis en materia de seguridad pública y administración de justicia. El sistema en su conjunto ha sufrido tal nivel de deterioro y desgaste que, por momentos, da la impresión de haber colapsado totalmente. La ineficiencia, la corrupción, la infiltración por las redes del crimen organizado y la delincuencia común, sumadas a la pérdida de liderazgo y a la creciente desconfianza pública, que se traducen, al final de cuentas, en los altos índices de violencia e inseguridad que actualmente prevalecen en Honduras. La población vive en zozobra permanente, temerosa de salir a la calle y limitada en sus posibilidades de hacer una vida normal y tranquila. Se siente como que el Estado está como ausente, en un curioso proceso de evaporación gradual, sometido a una erosión constante y peligrosa que amenaza su existencia misma como instrumento de seguridad y orden en el territorio nacional. Una sensación ampliada de desconcierto y orfandad pública avanza cada día y cubre a la sociedad entera”

Esta descripción es coincidente y amplia con lo observado empíricamente en la sociedad hondureña, donde desde diferentes sectores y enfoques se pretende atacar el problema de la inseguridad: La empresa privada aumenta su ejército de seguridad privada para resguardar los procesos y las propiedades privadas; los vecinos suben el tamaño de sus muros, profundizan los hierros en balcones, ventanas y puertas y aumentan la cantidad de cerrojos para entrar, sumado a serpentinas y electricidad en cercos; la Iglesia impulsa procesos que abogan por la creación de una cultura de paz en la sociedad, a la que se han sumado la escuela como institución social, algunas organizaciones no gubernamentales y los vecinos de la comunidad.

Otro esfuerzo emprendió en el combate a la inseguridad es ejemplificado por los pobladores de barrios y colonias en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca quienes a partir del 2011 han adoptado procesos de eliminación del derecho al tránsito a través de la iniciativa de “Barrios Seguros”, misma que se sustenta en la eliminación del tránsito público mediante barreras (portones, barricadas) custodiadas por seguridad privada que es pagada por los vecinos. Los gobiernos locales de las municipalidades que impulsan estos procesos, han tratado de estimular a los vecinos, mediante la eliminación de impuestos a las comunidades que impulsen este tipo de procesos. Sin embargo con todo ello podemos ir concluyendo que las ciudades están cambiando su geografía interna, no solo del delito, ya que se van configurando zonas urbanas denominadas “Barrios Seguros” y “Calles Inseguras”, además de las incongruencias jurídicas entre el derecho a la seguridad comunitaria privada y el derecho al tránsito de todos los (as) ciudadanos(as).

Todos estos procesos son una expresión de la tercerización de la función de la seguridad, en la que el Estado les traslada la responsabilidad a los ciudadanos y empresarios de cuidar de su seguridad, integridad misma y de sus bienes.

Desde la política y en referencia a la actual administración pública de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) se han impulsado procesos de reforma policial, depuración policial, la creación de una Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), la promoción que los militares ejerzan funciones de seguridad, así como la creación de una nueva forma de seguridad pública de carácter mixto (policías con entrenamiento militar) denominada Fuerza TIGRES que en palabras del Presidente del Congreso Nacional y Presidenciable por el Partido Nacional Abog. Juan Orlando Hernández constituirían una “Fuerza de choque” contra el delito y los delincuentes.

Frente a ello solamente la candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) Xiomara Castro de Zelaya, ha propuesto que de llegar a la primera magistratura de la nación, aumentaría el presupuesto a la Policía y devolvería a los militares a las barracas y los cuarteles.

Naturalmente y como lo reconoce la socióloga Leticia Salomón (2013) la inseguridad es un proceso multicausal, para lo que requiere propuestas integradoras multidimensionales, pero si se quiere que estas sean efectivas, debe existir un orden y congruencia para que ello pueda ser funcional y sobre todo efectivo en cuanto al propósito de promover la seguridad ciudadana para todos (as) los (as) integrantes de la sociedad.

De forma que una vez que hemos reconocido que el sistema de seguridad tiene fallos, que existe conciencia como voluntad política, es necesario impulsar un proceso de Reforma al Sistema de Seguridad Pública que sea Integral pero también efectiva.

Condiciones Necesaria para Impulsar una Reforma en el Sistema de Seguridad

Pensar en una reforma a un sistema tan complejo como lo es la seguridad no es fácil ni sencillo, razonarlo a partir de la disposición de suficiente información sobre el sistema social, económico, político, jurídico, organizacional en las instituciones operadoras de justicia es no solo necesario sino imperativo y relevante.

En la reflexión sobre la necesidad de una reforma integral Ramón Romero (2013) considera que el fin de los sistemas de seguridad es evitar el daño, lo cual es coincidente con lo planteado por Julieta Castellanos (2013) ya que al evitar el daño, se evita la víctima y la victimización. En este sentido se puede identificar que la inseguridad no solo es una derivación de la violencia social, sino que se vincula con aspectos inclusive relacionados a la producción y aseguramiento de alimentos (inseguridad o seguridad alimentaria), la integridad territorial en la ciudad como en el campo, frente a los desastres naturales, por dar algunos ejemplos.

También podemos considerar que la reforma integral de la seguridad debe abarcar distintas dimensiones (territorial, económica, social, jurídica, entre otras), distintos factores (causas culturales, económicas por ejemplo), de ello podemos desprender que una reforma a la seguridad que se planifique de forma integral debe ser incluyente [esto es garantizar la seguridad y la integridad de los grupos humanos que se encuentran a lo interior de la sociedad, esto es proletarios, burgueses, políticos, mujeres, niños, ancianos, personas de la comunidad LGTB, abogados, periodistas y los más variados profesionales y titulaciones es decir todos (as)], además debe de intervenir a diferentes instituciones que al decir de Ramón Romero (2013) constituyen la “Estructura de Seguridad del Estado” que incluye la Secretaría de Seguridad, la Policía, la Fiscalía o Ministerio Público, los Juzgados y podríamos hacer extensivo ello a los Centros Penales y a la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNDPH).

Derivado del proceso de reforma legal, estaría lo operativo, pensando en las líneas de acción estratégicas que según Leticia Salomón (2013) deben ser desarrolladas pensando en dinamicas de corto, mediano como de largo plazo, lo cual creemos debiera ser mediante una priorización en el tiempo no solo de las líneas de acción estratégica de la reforma, sino de la disponibilidad de los recursos.

Los fines que debe tener una reforma integral de la Seguridad Pública debe ser la efectividad, tal como lo menciona Mirna Flores (2013) ya que la inseguridad ha tenido impactos profundos no solo en la institucionalidad del Estado, debilitándolo sino, en la percepción y en la psicología social de los ciudadanos, los cuales han perdido confianza en sus instituciones. La Reforma de la Seguridad Pública debe pensarse de tal forma que a medida que se depuren las instituciones y se fortalezcan los procesos de captura, acusación, judicialización, penalización y programación de la reinserción social se promueva una imagen positiva de quienes integran las instituciones operadoras de justicia y que son servidores públicos.

Reformar las instituciones, no es solo dotar de un nuevo marco jurídico y estructura organizacional que modernice la institucionalidad, sino que hay que cambiar culturas, esto podría lograrse si paralelo a la reforma legal de la seguridad, se promueve también reformas en el sistema de educación policial, investigativa criminal, fiscalización, defensoría, procesos penales, administración penitenciaria y en intervención social para la reinserción.

Cambiar culturas en la policía es pertinente y necesario, según Víctor Meza (2013) quien afirma que: “Durante la creación de la Secretaría de Seguridad en los años 90´s del siglo XX, la sociedad vio el nacimiento de una nueva institución estatal, pero al mismo tiempo, se la doto de un viejo órgano instrumental, la antigua Policía. La antigua Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) anteriormente adscrita al Ejército inundo la cultura de la nueva Policía, que acabo subordinada a los viejos vicios e intereses. El viejo órgano avasalló y debilitó al nuevo organismo.

Y es que la educación y la formación democrática no solo es necesario para los operadores de justicia, sino para la ciudadanía entera, si se pretende que se consolide el Control Civil de instituciones como la Policía o el Ejército y se evolucione a la Conducción Civil de la Seguridad y la Defensa. De tal forma la conducción civil es un proceso evolutivo y de perfeccionamiento sobre el Control Civil (que ya es una realidad desde que tenemos un Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad que dirige a la Policía y que además es un Civil). Según Margaret Daly (2010) quien en una cita del Profesor Richard Kohn, quien estableció una serie de condiciones para asegurar una conducción civil eficiente y además sostenible:

1. Un régimen de derecho que funcione más o menos consistentemente
2. Que el sistema de conducción política democrática funciones, es decir que el Congreso, los Ministerios funcionen democráticamente de manera responsable y transparente.
3. Un equilibrio y control mutuo de poderes, o será de una ética de contrabalance en el que existe conciencia de que si se sobrepasa la ley, habrá un castigo.
4. Requiere que tanto la Policía como el Ejército acepten, aprecien y valoren la idea de la conducción política democrática de su sector.

Haciendo un balance de las condiciones necesarias para la conducción civil, podríamos afirmar que en Honduras nos encontramos a medio término cumpliendo apenas el segundo criterio y pretendiendo avanzar en el tercero. En el cuarto requerimiento no hay siquiera evidencias que indiquen que los policías y los militares asuman que los civiles deben de conducir dichas instituciones, de esta forma los Secretarios de Estado en los despachos de Seguridad y Defensa, no se asumen como conductores y en la mayor parte de los casos solicitan de sus subalternos (militares o policías según el caso) apoyo para la toma de decisiones estratégicas en dichos Ministerios.

Avances y Retrocesos en el Proceso de la Reforma del Sistema de Seguridad

En un proceso tan noble como necesario, como lo es la Reforma a la Seguridad Pública se debe de eliminar los pesimismos, a este respecto según Leticia Salomón (2013) un salto cualitativo de reforma a la Seguridad Pública que además ha sido sostenible es la separación funcional e institucional de la Defensa y la Seguridad, iniciada por el Gobierno del Presidente Carlos Roberto Reina (1994-1998) y continuado por el Gobierno del Presidente Carlos Roberto Flores (1998-2002).

La necesidad de una reforma a la Seguridad había sido advertida por el equipo de investigadores del CEDOH, integrados por Víctor Meza, Leticia Salomón y Julieta Castellanos que en el 2004, ya consideraban elementos para una Política Integral de Seguridad Ciudadana, esto en momentos en que se advertían señales de fallos en los sistemas de seguridad para contener el delito, la delincuencia y sobre todo la violencia social en Honduras, la cual se vio sorprendida con el fenómeno de las Maras, que más que una evolución de las pandillas juveniles de los años 70´s y 80´s eran un nuevo fenómeno social y organizativo criminal, con una cultura muy fuerte, que logro integrar a muchos jóvenes a un sistema de extorsión y crimen, como medio para asegurar recursos económicos de forma ilegal.

Sumado a la nueva organización del crimen, las organizaciones operadoras de justicia se han ido debilitando ya sea por falta de liderazgos institucionales, déficit presupuestario para realizar las operaciones de captura, enjuiciamiento, penalización, control de penas en los privados de libertad. Simultaneo al debilitamiento institucional de los operadores de justicia, se advierte un crecimiento del número de delitos ejercidos por la delincuencia menor, que ha provocado un clima de inseguridad que afecta los sectores sociales, económicos y políticos en la sociedad hondureña.

Frente a ello y a la falta de la toma de decisiones gubernamentales en el tema de perfeccionar el Sistema de Seguridad Pública en el periodo comprendido entre 2003-2009, lo cual se sumo a los eventos de junio del 2009 donde se produjo una crisis política, que ha tenido efectos sociales, económicos y políticos no vistos en casi tres décadas. Los impactos de la crisis política también ha impulsado y promovido una mayor delincuencia y violencia en la sociedad hondureña, la visibilización del crimen en su más cruda faceta el asesinato de ciudadanos (as) incluido el asesinato de los universitarios entre ellos el hijo de la Rectora de la UNAH Julieta Castellanos, suceso que ha sido un poderoso impulsor de la demanda de una reforma urgente de la policía y de los demás operadores de justicia.

Ante la crisis en el Sistema de Seguridad Pública el Presidente Porfirio Lobo Sosa, decidió en 2012, crear una Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) mediante decreto legislativo No. 04-2012. Con esta decisión ha sido posible promover la formulación de nuevos instrumentos legales , que junto a las propuestas de leyes aprobadas por el Congreso Nacional representa el Estado de la reforma en seguridad en Honduras.

Sin embargo la atención de nuevas emergencias en la Sociedad Hondureña, ha impedido que la CRSP haya logrado su propósito, las propuestas de Ley y reglamentos de Ley se encuentran desde fines del 2012 hasta mediados del 2013, en el Poder Ejecutivo, sin haber sido remitidos aún al Poder Legislativo para su aprobación y ratificación, impidiendo de esta forma que se operativice la Reforma, la cual hoy por hoy se encuentra a nivel de formulación, esperando mejores derroteros y una toma de decisión asertiva que permita su verdadero impulso.

Con posterioridad a la crisis policial, esta se ha extendido al Ministerio Público, donde los medios han anunciado corrupción, incompetencia a lo que hay que sumar la poco conocida injerencia de extranjeros en el proceso de auditoría iniciado en 2012 y que culmino en una propuesta de reforma de la Ley del Ministerio Público que actualmente se encuentra en el Congreso Nacional, junto y casi al mismo nivel que la propuesta desarrollada por la CRSP. Además de estas dos propuestas, en 2013 el Presidente de la República instituyo una Comisión de Intervención del Ministerio Público cuyos hallazgos orillaron al Fiscal General y su adjunto a renunciar. Actualmente en mesas de trabajo se discute sobre si la Ley del Ministerio Público necesita ser cambiada o únicamente reformada. Los actores no logran consensos y mientras el desorden en las instituciones operadoras de justicia que deben de velar por la seguridad de los ciudadanos entran en profunda crisis, la criminalidad perfecciona sus métodos de organizarse y operar, victimizando cada día a más ciudadanos (as) extorsionándolos e inclusive asesinándolos, estableciendo una cultura del miedo y de terror en una ciudadana indefensa.

La Reforma a la Seguridad Pública se hace cada vez más necesaria, pero se percibe cada vez más lejana. Sin embargo la reforma cuenta con un apoyo alineado de la cooperación internacional, que está dispuesta a apoyar al Estado de Honduras, en caso que se tome la decisión histórica y jurídica de modernizar el Sistema de Seguridad Pública, esto por los beneficios que trae el combate a la inseguridad en el ámbito de un mundo más seguro, ya que mientras existan núcleos de promoción del delito estos amenazan con extenderse e internacionalizarse, por tanto debemos de internacionalizar la seguridad humana y disminuir la internacionalización del delito.

Retos y Desafíos de la Conducción Civil de la Seguridad en Honduras

EDUCAR EN DEMOCRACIA A CIVILES Y POLICIAS, PROFUNDIZANDO LA PROFESIONALIZACION DE LOS POLICIAS. Uno de los principales retos para la conducción civil de la seguridad en Honduras se encuentra vinculada con el fortalecimiento de la ciudadanía a través de procesos de educación democrática que sean extensivos a la Policía, en este orden de ideas el recambio del sistema de educación policial se hace necesario, eso sí, considerando la participación de civiles y policías en la conformación del nuevo sistema de educación policial que incluye la formación inicial y la profesionalización a nivel de licenciaturas y maestrías que ofrece la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNDPH). La educación democrática deberá versar sobre el conocimiento del Estado de Derecho, el ejercicio y protección de los derechos humanos y en el caso de los Policías una profundización en temas de Investigación Criminal, Trato Humano del Delincuente y el rol de la policía dentro del proceso de seguridad a nivel comunitario.

PROFUNDIZAR LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD Y EL DELITO MÁS QUE SU COMBATE. En este orden de ideas uno de los retos más grande que enfrenta la sociedad hondureña para garantizar la seguridad, es asegurar condiciones para el desarrollo humano sostenible de todos(as) sus integrantes, de forma que permita el desarrollo individual, el acceso a los servicios de educación, salud, comunicación y el ejercicio del trabajo como condición para el desarrollo individual, organizacional y social en su conjunto.

AUMENTAR NUESTRO CONOCIMENTO SOBRE LA SEGURIDAD Y LA INSEGURIDAD EN HONDURAS. Derivado del planteamiento anterior, se identifica la necesidad de contar con un documento diagnostico que represente el Estado de la Seguridad en Honduras, que al decir de Leticia Salomón se consolide en el “Libro Blanco de la Seguridad”, a partir del cual sea posible tomar decisiones con un mayor nivel de certidumbre, sobre el proceso de profundización de la Reforma al Sistema de Seguridad.

AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE INCIDENCIA POLITICA DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL ESTADO EN EL TEMA DE SEGURIDAD. Un desafío al que se enfrenta la ciudadanía en Honduras es exigir a sus gobernantes la pronta aprobación de las reformas jurídicas al Sector de la Seguridad Pública, para avanzar en el proceso de reforma en el nivel de operativización de lineamientos estratégicos y estrategias en el corto, mediano y largo plazo. Esto exige más educación y sensibilización en el tema, ya que actualmente la ciudadanía es pasiva con respecto a los problemas que se generan y se reproducen en el interior de la sociedad hondureña.

INTEGRAR ESFUERZOS, RECURSOS, IDEAS Y PROPUESTAS PARA CREAR SINERGIAS Y LOGRAR FORTALECER LA REFORMA DE LA SEGURIDAD DE MANERA INTEGRAL. En el marco de la conformación de una Sociedad por la promoción de la Reforma de la Seguridad, que permita su abordaje integral en todas sus dimensiones, causas, factores, efectos, alternativas de solución. El reto se ubica en como promover la participación de todas las partes interesadas, ordenando sus intereses y orientándolos en una reforma que además de integral, sea realista y sobre todo efectiva, en la cual exista contraparte en el combate de la inseguridad comunitaria, mediante aportes de los (as) pobladores, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de cooperación internacional, la academia y la representación local de las organizaciones operadoras de justicia.

ORGANIZAR UN SISTEMA DE FORMACIÓN POLITICA ORIENTADO A LA SEGURIDAD ENTRE OTROS TEMAS DE INTERES EN LA AGENDA POLITICA NACIONAL. El Sistema de Partidos que ahora cuenta con nueve instituciones debe ser sensibilizado en el entendimiento del tema de la seguridad, los candidatos y sus asesores deben ser formados políticamente para que tomen decisiones sustentados en poseer opiniones calificadas sobre la temática, y que no sea el sentido común, la ingenuidad y las buenas intensiones; quienes de lograr la Presidencia de la República deben guiar con sus decisiones el proceso de conducción civil de la seguridad por parte de las autoridades del Estado, legitimando que además son los representantes del poder de la ciudadanía. Este proceso permitiría además avanzar del Control Civil a la Conducción Civil, aumentando la transparencia y efectividad de los Ministerios y tomando decisiones que permitan que la Policía aumente la conciencia que son servidores públicos y no clase social con privilegios sobre los civiles. Este ejercicio promovería que la policía logre internalizar lo que el Profesor Richard Kohn establece cuando afirma que la verdadera conducción civil se da cuando tanto la Policía como el Ejército aceptan, aprecian y valoran la idea de la conducción política democrática de su sector

Bibliografía Utilizada

- Daly, M. Control Civil Democrático del Sector Defensa en Centroamérica: Avances y Desafíos. Managua, Nicaragua. Conferencia Regional. Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas.
- Meza, V; Salomón, L; Sosa, E; Flores, M & Romero, R. Seguridad ciudadana y precariedad institucional: Análisis, Leyes, Reformas y Propuestas. 1 ed. Tegucigalpa, Honduras. CEDOH, 2013
- Meza, V; Salomón, L & Castellanos, J. Honduras: Hacia una política integral de seguridad ciudadana. 1ed. Tegucigalpa, Honduras. CEDOH. 2004.
- Romero, R; Castellanos, J. Abordaje Integral de la Seguridad. En: Formato de Video Abordaje Integral de la Seguridad para el Curso en Conducción Civil de la Defensa y la Seguridad. Tegucigalpa, Honduras. CEDOH, 2013.
- Salomón, L. Situación y desafíos de la Seguridad en Honduras. Tegucigalpa, Honduras. _______.___________
- Salomón, L. El debate conceptual sobre seguridad y sus referentes normativos en Honduras. Conferencia Magistral en el marco del Programa Regional de Fortalecimiento de la Participación de la Sociedad Civil en la Formulación de Políticas de Seguridad Ciudadana, del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI). Tegucigalpa, Honduras. NDI.